El costo de la impunidad

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El costo de la impunidad

Cualquier autoridad que intenta salvaguardar la seguridad ciudadana y el orden público será amenazada con el delito de lesa humanidad

La Constitución determina que la Asamblea Nacional no podrá conceder amnistías por delitos cometidos contra la administración pública, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia (artículo 120 numeral 13). Estos delitos se cometieron en la paralización de octubre del 2019, y a pesar de esta prohibición constitucional, 99 asambleístas consideraron que podían otorgar el privilegio de la amnistía a los enjuiciados. Hubo 10 abstenciones y 16 votos negativos. Con ello la Asamblea Nacional legitima actos violentos ocurridos en todo el país bajo el falso argumento de que se han infringido los derechos humanos. Y lo más grave, al usar la figura de la amnistía para lograr este perverso fin, los legisladores implican que las violaciones a las mujeres policías, los actos terroristas, agresión a periodistas, el incendio causado al edificio de la Contraloría, a Teleamazonas y demás, no se perpetraron. El objetivo es la impunidad de actores políticos por el cometimiento de delitos.

Esto nos lleva a reflexionar sobre el rol que las organizaciones e instituciones de los derechos humanos desarrollan en la región en los últimos tiempos, que apoyan actos como el de la Asamblea. Cualquier autoridad que intenta salvaguardar la seguridad ciudadana y el orden público será amenazada con el delito de lesa humanidad: imprescriptible y de persecución extraterritorial. Con esos fundamentos se promueve intencionalmente la inestabilidad con fines políticos, restándoles credibilidad a estas organizaciones.

Lo mismo ocurre cuando los delincuentes asesinan o lesionan a miembros de las fuerzas del orden durante el cumplimiento de su deber de defendernos contra el hampa. Son pocas las ocasiones en que una organización de protección de los derechos humanos se preocupa por la familia de esos policías o por los derechos de las víctimas de la delincuencia, sino lo contrario. Sus actuaciones partidistas las hacen contravenir los derechos humanos de la mayoría de la ciudadanía a la que supuestamente defienden. Una estrategia política que perjudica la seguridad.