El gasto público debería servir para estimular la oferta agregada, la inversión privada y la innovación tecnológica, contribuyendo al crecimiento económico y a la generación de empleo. Eso no está sucediendo porque gastamos deficientemente. Así, ningún dinero alcanza.

Como no existió voluntad para cambiar el enfoque del gasto por parte de las autoridades, en los últimos años se han creado impuestos en aras de solventar diversas crisis. Por ejemplo: la contribución temporal sobre el patrimonio de las sociedades, la contribución temporal al patrimonio de las personas naturales, la contribución única y temporal, la tasa de control aduanero, salvaguardias y el aumento temporal del IVA en dos puntos porcentuales. Hoy se analiza el incremento del IVA en tres puntos, el ICE y aranceles para financiar la crisis de la inseguridad ciudadana, aunque se conoce que la ejecución de los presupuestos de inversión de la Policía y las Fuerzas Armadas de ambas instituciones no superó el 24 % en el 2023.

Analicemos los últimos dos meses. En diciembre, en la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo se aprobó la implementación de la autorrecaudación de los grandes contribuyentes, que generará una recaudación de $ 2.300 millones en el 2024. En enero, en la Ley Orgánica de Competitividad Energética se ordena que los propietarios de vehículos particulares de combustión interna y otros que se podrán definir paguemos una contribución del 1% del valor de la matrícula y se cobre el ISD a los bancos que pagan su fondeo en el exterior, encareciendo el crédito.

No podemos subsidiar las ineficiencias de un Estado negado a evolucionar. Eso es perder dinero. En lugar de continuar subvencionando el gasto público que no beneficia a los contribuyentes, deberíamos centrarnos en optimizarlo. Para ello, es necesario implementar reformas estructurales que mejoren la gestión pública, como la focalización de los subsidios a los combustibles, el combate a la defraudación fiscal y la corrupción; y la venta de activos públicos improductivos. Estas reformas nos permitirían liberar recursos públicos y destinarlos a seguridad ciudadana, salud y educación.