Una de las tareas más esperadas luego de la debacle del correísmo fue la reinstitucionalización del Estado. El manejo del poder por parte de ese régimen, caracterizado por la concentración de funciones en el Ejecutivo, le permitió al hoy prófugo de la justicia controlar todo el aparato oficial, disponer de los recursos públicos para malgastarlos y apropiarse de ellos, y perseguir con saña a todos quienes se oponían a esa forma de gobernar.

Confiábamos en que el compromiso del nuevo gobierno pasaría por un real ajuste en la organización de la estructura estatal. Así lo anunció el presidente entrante y, a partir de ello se constituyeron organismos para impulsar los esperados cambios. 

El papel jugado por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, dirigido por el inolvidable Julio César Trujillo, se esforzó en responder a las expectativas sociales, integró un Consejo de la Judicatura que, pese a su importante trabajo, no logró la reorganización de una instancia judicial que aún permanece, salvo raras excepciones, con todos sus vicios, sus fallas y su inmoralidad.

El hecho más lamentable de este vacío institucional es que el ente llamado a garantizar la limpieza en el ejercicio del pronunciamiento ciudadano atraviesa por una situación realmente calamitosa. La ciudadanía se escandalizó por la forma de actuar del CNE dirigido por Pozo, el compadre de Correa, y reclamó un drástico cambio. El Transitorio cumplió en la medida de lo posible su cometido, pero el actual, en cuyas decisiones se impone una mayoría, repite los trucos, las argucias y probables “oscuros” compromisos. 

En su interior se desarrolla una lucha entre dos integrantes que exigen claridad y transparencia en los procedimientos y los tres, incluida la presidenta, que acuden al atajo del voto para “cubrirse” y tomar decisiones. La opinión pública tiene claramente visualizada como nociva esa mecánica en que la mayoría aplasta a la razón, la decisión del número a los argumentos y la impudicia a la decencia. Su reestructuración es un deber moral.