Los acontecimientos de octubre podrían marcar una nueva tónica en la política del país. La movilización indígena desató la participación de otros sectores que la vieron como expresión legítima de protesta frente a la crítica situación que los afecta. La falta de empleo, el encarecimiento de los bienes de consumo, la inexistencia de medidas que atemperen todos esos nocivos efectos, fueron el caldo de cultivo al que se añadió, como sazón desencadenante de furia, la medida gubernamental de eliminar el subsidio a los combustibles. La forma oficial de proceder no fue el resultado de un detenido análisis y más bien reflejó una gran limitación en la apreciación del escenario y en el modo de comunicarse con la sociedad.

La calma se recuperó, pero ello no significa sino un paréntesis en una fase que estará, sin duda alguna, repleta de pronunciamientos, movilizaciones y protestas. La espera, aceptada a regañadientes por el movimiento indígena, no significa que el peligro se haya superado ni que aquel haya sufrido resquebrajamiento o debilidad alguna. Con más o menos errores de su dirigencia, las cabezas permanecen ahí, y cualquiera de ellas (Vargas o Iza) bien puede proyectarse como figura protagónica en las justas electorales próximas. Si ello ocurre, el análisis que se ha hecho acerca del porcentaje del voto popular en otras ocasiones, que no alcanzó ni un 5 %, deberá ser revisado a la luz de las circunstancias actuales, y a partir del hecho incontrovertible de que la ineficacia gubernamental incidirá en el crecimiento y profundización de la indignación de un amplio sector de la población nacional. No se debe olvidar que el movimiento indígena es, hoy por hoy, el único sujeto visible en el panorama político en condiciones de convocar a una salida a las calles o a una paralización del país.

Si los políticos tradicionales, sus analistas y asesores no toman en cuenta este fenómeno, corren el riesgo de definir estrategias equivocadas y sufrir golpes contundentes a su forma clásica de interpretar los escenarios.