José Molina Gallegos | Cuidado con un mal perdón
Es digno de reconocer la posición del gobierno en generar el diálogo y de los grupos de defensa social...
En nuestro país, una de las facultades de la Asamblea Nacional, según lo determina el Art. 120, numeral 13 de la Constitución, es conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios. Asimismo, es facultad del Presidente de la República conceder indulto, conmutación o rebaja de las penas impuestas en sentencia ejecutoriada. De aquello no hay duda.
En síntesis, ambas figuras descritas tienen como objeto el perdón de un delito cometido, pero distinguiendo particularidades propias de cada institución (amnistía e indulto).
Debemos recordar que, de igual manera, existe en nuestro ordenamiento jurídico el Reglamento para la Concesión del Indulto, contenido en el Decreto Ejecutivo No. 461 del 09 de octubre de 2014, en el que, entre otros puntos de importancia, se establece que únicamente cabe el beneficio anotado a personas que estén privadas de libertad en virtud de una sentencia ejecutoriada, no con prisión preventiva.
Menciono la normativa referida ya que con la finalización del paro que duró casi un mes, se anuncia la conformación de mesas de trabajo que se ejecutarían desde esta misma semana.
Es digno de reconocer la posición del gobierno en generar el diálogo y de los grupos de defensa social el deponer la medida de hecho. Definitivamente, sólo hablando civilizadamente pueden obtenerse acuerdos.
Sin perjuicio de lo anterior, preocupa que frente al número de personas detenidas que enfrentan procesos judiciales a consecuencia de actos vandálicos que se alean de toda lucha social se intente – como ya sucedió en otros paros – exigir que cesen los procesos penales contra quienes, lejos de ejercer su derecho a la resistencia, causaron actos de vandalismo y agresiones físicas absolutamente reprochables. Peor aún, es descabellado siquiera pensar en que se proponga o se piense en un indulto presidencial. Estamos seguros de que esto no sucederá. Quienes trasgredieron la ley deberán cumplir con reparar el daño causado y sufrir la pena correspondiente. Cada quien es responsable de sus actos.
Otorgar medidas como las mencionadas no solo contrarían el ordenamiento jurídico sino la propia lógica y razón, ya que en un futuro tendrán que reparar por los daños, por ejemplo, si se destruyen bienes (como sucedió con el edificio de la Contraloría General del Estado hace algunos años). Solamente se pide que beneficios como el indulto no sean desnaturalizadas. Esteremos atentos.