Yunda casi se sale con la suya

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Yunda casi se sale con la suya

Sin la Corte Constitucional, que puso las cosas en su sitio, Yunda seguiría siendo alcalde de Quito y el país podría pensar que entre el norte y los otros puntos cardinales no hay diferencia

¿Hay cómo imaginar lo que habría pasado en el caso Yunda si en vez de la Corte Constitucional, dirigida por Hernán Salgado, el país tuviera la corte cervecera de Pazmiño, montada por Rafael Correa? La pregunta no es teórica: basta con comparar dos hechos: el fallo, preparado por la jueza Karla Andrade, al cual se unieron los otros 8 jueces, y la demostración impresionante de cinismo y uso delincuencial del ordenamiento jurídico por parte de Yunda y sus abogados. Yunda, no hay duda, es lo más parecido a Patricio Pazmiño, de triste recordación.

¿Qué hubiera pasado sin esta Corte Constitucional que se ha granjeado el respeto, en general, por sus fallos? Es sencillo: la realidad fraguada por Yunda hubiera obtenido derecho de piso. El control político, previsto en la ley, para alcaldes y otras autoridades de elección popular, hubiera sido impracticable. Un juicio político hubiera mutado en una suerte de juicio penal y un concejo municipal en corte jurisdiccional. Una acción de protección podría reemplazar hacia adelante al Tribunal Contencioso Electoral; como de hecho sucedió con el actual presidido por Arturo Cabrera que, en forma cobarde e inaudita, sacó el cuerpo del escándalo Yunda, cuando debía haberlo resuelto.

Si la Corte Constitucional estuviera al servicio de un político como Yunda, que pudo pagar abogados como Jorge Zavala Egas para hacer eco a sus tesis peregrinas, ahora se podría pensar que una jueza podría disponer lo que debe hacer un concejo municipal. Eso fue lo que pretendió hacer, en este caso, María Belén Domínguez, jueza de una Unidad de Violencia contra la Mujer y la Familia que, al aceptar una acción de protección de Yunda, dejó sin efecto el informe de Comisión de Mesa del Municipio que dio paso al proceso que concluyó en su remoción. Ella alteró -dice la Corte Constitucional- el ordenamiento jurídico al pedir que, para que Yunda no fuera juzgado por aquellos que instruyeron su caso, el Concejo Metropolitano debía principalizar a los alternos…

Se pensó que todo esto ocurrió porque una jueza, experta en temas de violencia contra la mujer y la familia, desconocía los temas constitucionales. Pero esa jueza llegó al caso Yunda tras un concurso mentiroso. Y además se había preguntado días atrás, en su cuenta protegida de Twitter, si era “una distorsión de la democracia que 15 personas (la mayoría del Concejo) pudieran cambiar algo que fue decidido por el pueblo en las urnas”. Casualidad no hubo.

Los errores de esta juez hubieran podido ser subsanados por jueces de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. No lo hicieron. En definitiva, según se lee en el fallo de la Corte Constitucional, también ellos vulneraron los derechos a la seguridad jurídica y debido proceso. Ellos también se compraron las tesis de Yunda y sus abogados que, desde el 3 de junio, cuando fue removido por el Concejo Metropolitano, con el voto de 14 ediles sobre 21, montó un show jurídico y mediático sin precedentes.

Con aplicar la ley hubiera bastado. Pero no. No funcionó el sentido común. Ni los jueces. Ni el Tribunal Contencioso Electoral. Tuvo que ser la Corte Constitucional que, con su fallo, dio por terminada la gestión catastrófica de Jorge Yunda como alcalde de Quito.

Este caso resume la calamidad que vive el país por la relación corrupta que hay entre algunos políticos, jueces y abogados que delinquen. Sin la Corte Constitucional, que puso las cosas en su sitio, Yunda seguiría siendo alcalde de Quito y el país podría pensar que entre el norte y los otros puntos cardinales no hay diferencia.