¿14, 15 o 17 candidatos a la Presidencia de la República? En ese punto, la cantidad ya no importa. La que sea, es inviable. Para todo. ¿A qué hora un ciudadano de a pie puede revisar la vida, obra y milagros de tanta gente? ¿A qué hora escarba en sus planes de gobierno, identifica sus propuestas, las diferencia, las evalúa y las sopesa para tomar su decisión? ¿A qué hora se sienta a escuchar, en forma sistemática, lo que dicen esos candidatos en aquellos medios de comunicación que, más por deber que por convicción, programan series interminables de entrevistas? Porque hay candidatos a la Presidencia, pero también hay candidatos a la Vicepresidencia, a la Asamblea Nacional, al Parlamento Andino…

Cualquier aficionado a la sociología electoral sabe que los ciudadanos que podrían y querrían hacer los ejercicios descritos suman un puñado. Y, sin embargo, ese es el espíritu y la letra de la Ley de Comunicación contenido en su artículo 72: se lee que los medios de comunicación deben propender a que los candidatos de todos los partidos participen en igualdad de condiciones en debates y entrevistas con el fin de dar a conocer sus perfiles políticos, sus programas y propuestas.

La ley no previó la fragmentación al infinito que sufre el tablero político ni la actitud artera de la mayoría de jueces del Consejo Nacional Electoral y también del Tribunal Contencioso Electoral: las dos instancias máximas de este proceso electoral, dirigidas por Diana Atamaint y Arturo Cabrera, parecen solazarse en violar la ley y usar los recovecos que dejan los reglamentos para aumentar el número de candidatos y abrir la puerta a políticos que incumplen plazos y requisitos. Incluso a aquellos que, como Abdalá Bucaram, así sea para asambleísta, tienen graves problemas con la Justicia.

El resultado es disparatado: ni los medios de comunicación pueden cumplir la ley ni los ciudadanos pueden aspirar a tener una visión integral antes de ir a las urnas. Dicho de otra manera, el país votará sin haber podido conocer, a ciencia cierta, cuáles son los derroteros propuestos y las consecuencias de optar por uno u otro. Se dirá que no es la primera vez. Es cierto. Pero se puede agregar que quizá esta vez es peor que las anteriores. Y esa es una pésima noticia porque se espera, al menos en teoría, que el país no repita los errores crasos del pasado.

Ese es el resultado de esa falsa democracia preconizada por algunos que afirman que la participación ciudadana significa aumentar sin cese el número de candidatos. Esta elección prueba que la democracia así entendida, produce una Torre de Babel ante la cual la sociedad queda en la imposibilidad de esclarecer las respuestas que deberían dar a sus problemas los candidatos a gobernarla.

14, 15 o 17 candidatos a la Presidencia no es un hecho histórico, como respondió uno de ellos, Paúl Carrasco, a una pregunta de este diario. Se antoja ser una suerte de suicidio colectivo porque el país ni tiene ese número de alternativas políticas y económicas ni una elección puede convertirse en una tarima para que políticos desconocidos y sin posibilidades se exhiban. Por eso, en vez de estar condenados a oír letanías de fantasías, el país debería estar concentrado en dilucidar tres dilemas: qué candidatos tienen atributos probados para gobernar; qué palancas -plagiando a Arquímedes- pueden mover para sacar adelante al país, y qué condiciones de gobernabilidad piensan fomentar. Porque la fragmentación política y la dispersión que habrá en la Asamblea son letales: tenderán a diluir rápidamente la legitimidad política de aquel que llegue a Carondelet.