La crisis económica no ha servido para poner los relojes a la hora en el país. Tampoco los 5,8 millones de personas “sin un empleo adecuado”, según la denominación del correísmo. Se pensó que quizá el COVID y su terrible estela de desgracias y muerte sirvieran para que políticos y ciudadanos dejaran de vivir de espaldas a los hechos. No ocurrió. Ahora las matanzas en las cárceles, que develan el alcance de los peligros que hace correr el narcotráfico, tampoco incitan a la unidad nacional. En vez de aquello apareció un ejército de expertos que, con gestos ampulosos y adjetivos llamativos, creen detentar las fórmulas mágicas para enfrentar un fenómeno que ni siquiera conocen.

El país real luce impertérrito incluso ante desgracias que, se pensó, debían generar una cultura diferente. Pensar, por ejemplo, los problemas poniendo cifras y hechos sobre la mesa. No hablar de los subsidios a los combustibles sin saber quiénes son sus beneficiarios. Qué quintiles de la población y qué sectores productivos o comerciales los reciben. Y sabiendo cómo focalizarlos pues no lejos del 75 % van a sectores que no los necesitan. Pero no. Ese ejercicio sobra también a los partidos políticos que están en la oposición. E incluso hay dirigentes indígenas que, citando supuestos estudios hechos por Petroecuador, que nunca muestran, dicen que subsidios no hay. A eso ha llegado el país: a licuar la realidad para que sobrevivan verdades políticas y prejuicios ideológicos. En esto el maestro más avezado es el correísmo.

El país real habla de memoria de que hay que reducir el Estado. Y claro que nadie con dos dedos de frente preconizará mantener pipones y convertir el Estado en agencia de empleo de los políticos. Pero nadie dice cuáles son las cifras de empleados -se entiende eficientes- que el Estado ecuatoriano debe tener. Reducir el Estado es hoy una religión; no el resultado de un proceso de reflexión frío, sensato y acorde a un proyecto concreto de gobierno. Y acorde, igualmente, a un plan para indemnizar a esos empleados que no se dice si son decenas de miles o centenares de miles. Y en esto coinciden políticos populistas y hasta académicos que se dicen liberales.

El país real no quiere oír hablar de impuestos. Ahí está en primera línea el socialcristianismo. No es el único. La mayoría de políticos reclaman que el Estado (un ente que han vuelto etéreo) haga frente a todas sus obligaciones. Y ellos se encargan de que esos compromisos se amplíen. ¿Cuántos asambleístas resisten la tentación de enviar un proyecto de ley donde el Estado tenga que responder por un nuevo derecho? Su financiamiento real pasa a ser un dolor de cabeza para el Ejecutivo. Los demás pueden decir, como hizo Jaime Nebot con Carlos Vera, que el Estado se debe financiar con más deuda. Así de simple. Tan simple como la Izquierda Democrática que cree que habrá más empleo manteniendo, en los hechos, el Código Laboral de 1938.

Contar mentiras y vivir alegremente con ellas, a pesar de que la realidad diga otra cosa, es el arte que practican los populistas cuando no están en el gobierno. El narcotráfico y las matanzas en las cárceles son las materias nuevas en las cuales esos políticos embusteros pueden hoy dictar cátedra. Lo hacen diciendo generalidades, calificando de patéticas las acciones de un gobierno que, como ocurrió en Colombia y en México al inicio de los ataques de los narcos, se equivocará muchas veces antes de acertar. No saben de qué hablan e ignoran que, por ejemplo, en Brasil ese problema sigue intacto.

Los expertos en disparates siempre atinan…