Dos hechos no han sido señalados, o muy poco, en la sentencia que emitió la Corte Interamericana de DD. HH. en el caso de El Universo. O producto de ella. Una concierne la indemnización a las víctimas y los efectos que esto conlleva. La otra, la reacción de Rafael Correa; retratado de cuerpo entero en ese fallo, no solo por haber convertido la justicia en un antro sino por su capacidad compulsiva para violar la ley y los derechos humanos.

1. La sentencia no disuade a políticos autoritarios: el procurador Íñigo Salvador anunció el monto total que deberá desembolsar el Estado para resarcir a las víctimas: 400 mil dólares, en vez, según dijo, de 12 millones a los que aspiraban. En principio, habría que alegrarse de que las violaciones señaladas por la CorteIDH cuesten al Estado un 97 % menos del pedido formulado.

Ese monto que deben pagar, en principio, Correa, los jueces y otros involucrados, es totalmente lesivo no solo para las víctimas sino para el sistema interamericano de derechos humanos. El mensaje es que no vale la pena recurrir a esa instancia. Basta con sumar y restar. Basta pensar en lo que significa gastar una fortuna en abogados y dedicar diez años a defenderse para obtener, en el caso de los directivos del diario guayaquileño, 60 mil dólares de indemnización.

Cualquier aprendiz de dictador, cualquier funcionario judicial de alquiler no vacilará en imitar lo que hicieron Rafael Correa y Juan Paredes Fernández; el juez que recibió la sentencia escrita en la que condenaba a Emilio Palacio y a los directivos del medio a tres años de cárcel y 42 millones de multa: la sentencia de la CorteIDH ratifica que ese fallo de primera instancia provino de un equipo externo cuyo nombre de usuario era Chucky Seven. Con razón ese juez fue bautizado ‘flash’, porque dijo haber escrito 156 páginas en tan solo 13 horas... Corrupto.

El fallo no es disuasivo. Y el procurador no debería sacar pecho por tener que pagar menos: lo obvio es que las víctimas sean indemnizadas según lo que gastaron y sufrieron y que los procesos de repetición se traduzcan en un efectivo sistema de cobro contra los corruptos. En primera línea, en este caso, contra Rafael Correa.

2. Correa miente con penoso desparpajo: el expresidente se ha dedicado en su cuenta de Twitter a hacer creer que la CorteIDH emitió esa sentencia porque Íñigo Salvador dejó en la indefensión al Estado ecuatoriano. Inverosímil. Este caso arrancó el 24 de octubre de 2011 cuando los tres hermanos Pérez y Emilio Palacio presentaron la petición en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y este caso llegó a la Corte Interamericana el 16 de octubre de 2019. Quien realmente perdió el caso fue Diego García, procurador puesto por Correa de 2012 a 2017. En esos cinco años, él defendió el Estado ecuatoriano ante la CIDH. Y perdió el caso porque, como se lee en la sentencia, las violaciones a los Derechos Humanos fueron flagrantes y de bulto. Ahora Correa trata de escribir de nuevo la historia y endosar su devastadora derrota jurídica y política al actual procurador. Peor: a Julio César Trujillo, quien ya no se puede defender. Impresentable.

La sentencia de la Corte Interamericana no solo desmonta el mecanismo de falacias construido por Correa: retira bajo los pies la alfombra roja que él tejió en el campo internacional, donde se ha hecho pasar por un perseguido político. En ese terreno, ya no le será dable hacer creer que perdió este juicio, que tardó 10 años en una institución judicial autónoma de la OEA, porque un procurador no hizo su trabajo. Su coartada es demasiado estúpida.