Diana Atamaint, presidenta del CNE, jura que el capítulo está cerrado y que ahora puede consagrarse al operativo técnico para la realización de la próxima elección. En su defensa, dijo que ella no habló con ningún asambleísta y que el único contacto que tuvo fue mediante la entrega de sus pruebas de descargo.

Ciertos políticos, muchos políticos, juran que no se les ven las costuras. Que pueden decir cualquier cosa. Y la dicen. Quizá porque los políticos, ciertos políticos, cohabitan consigo mismo con la absoluta certeza de ser dobles. Una cosa dicen en ‘on’ y otra en ‘off’. Una cosa dicen ante las cámaras; otra sin ellas. Una cosa son y otra aparentan. 

El caso de Atamaint es sintomático. En la Asamblea se sabía que el juicio político no surtiría el único efecto posible en este caso: su destitución. Bastaba con sumar y restar votos. Socialcristianos más correístas conforman una mayoría de bloqueo. Por eso, todos los asambleístas sabían que Diana Atamaint se quedaría oronda en su cargo aun siendo culpable de lo que la acusaban: está protegida. En el pragmatismo nauseabundo de la ‘realpolitik’ del país, todos saben que el CNE no es independiente: es socialcristiano, correísta y de Pachakutik. Esto es tan cierto como decir que el anterior era solo de Rafael Correa.

No es la única verdad que estaba sobre la mesa. Bastaba hablar con cualquier asambleísta para saber que algunos de aquellos que no son socialcristianos, correístas y de Pachakutik estaban dispuestos, si el caso llegaba al pleno, a declararse enfermos, irse de viaje, mandar a su suplente o perderse en el edificio de la Asamblea Nacional a la hora de votar. Como lo hicieron Daniel Mendoza y Karina Arteaga; los dos miembros de Alianza País que con sus votos enterraron el caso de Atamaint en la Comisión de Fiscalización. Todos ellos confiesan -en ‘off’, sin cámara y de viva voz, porque eso tampoco lo escribirían- que irse contra la presidenta del CNE, en estos momentos, con una elección en frente, con partidos y movimientos que el CNE puede eliminar o revivir, es una operación suicida. Y el político que está en la Asamblea -eso también lo dicen- no tiene vocación de kamikaze.

-¿Dice usted que estamos en una república bananera donde una autoridad favorece a sus padrinos, hace y deshace, puede tomar retaliaciones contra sus críticos y, en definitiva, hacer fraude electoral? La sola mirada vale como respuesta. Es sí. Por eso pasó lo que pasó en Los Ríos donde Diana Atamaint y su mayoría en el CNE favorecieron al socialcristianismo. Por eso ella desconoció la sentencia del TCE en la que reconoció la vulneración de derechos de los Yasunidos y, presionada por el gobierno, no dio paso a la consulta. Por eso contrató, como director nacional de Procesos Electorales, a un delincuente confeso y culpable de tráfico de influencias: Luis Loyo. 

De nada responde. Atamaint es, a pesar de su sonrisa envolvente, la administradora de un sistema corrupto y feudal que se esconde tras una retórica bien rodada. Basta oír las declaraciones pomposas que hubo tras el fallido juicio: que el juicio era copiado. Que no había motivos. Que Lasso quería alzarse con el CNE. Que tal vez Loyo sí, pero el resto…

La realidad es que el poder de Atamaint (de Esthela Acero y José Cabrera) reposa en repartir el poder entre padrinos y áulicos. Y para eso están las delegaciones provinciales del CNE. Así funciona la política en el país.

Salvarse de un juicio político, en ese contexto, no tiene nada que ver con la ética: tiene todo que ver con la suma y resta de votos. Y para eso hay que contar con políticos agradecidos.