Es posible que hoy se salve Freddy Carrión. El defensor del pueblo encara un juicio político que, al parecer, no contará con los 70 votos necesarios para ser censurado. Todo depende del bloque de Pachakutik, que tendría que dividirse. Los correístas ya han dicho que no encuentran motivos para el juicio.

Estas son las paradojas de la política criolla. A veces los asambleístas censuran sin fundamentar rigurosamente las causas invocadas (sucedió en el caso de María Paula Romo); a veces con las pruebas establecidas evaden los juicios (sucedió con Jorge Glas). El caso del defensor del Pueblo incluye, además, un elemento ineludible plantado en la esfera pública por el correísmo: la defensa irrestricta de aquellos que han sido o son funcionales a su proyecto político. Esto prima sobre la ética o cualquier otra consideración. Y se ve en la forma como militantes de esa corriente política, como Virgilio Hernández, establecen la defensa de Carrión. En un tuit del 7 de septiembre, él escribió que el juicio contra él es “la VENGANZA (así en mayúsculas, ndlr) por haber auspiciado el Informe de la Comisión de la Verdad!”.

El reduccionismo es, sin duda, la característica más tétrica del correísmo. Porque, determinado el rasgo funcional que más le conviene, lo demás se torna inexistente: Carrión no provocó un escándalo público el 15 y 16 de mayo pasado en el edificio, en Quito, donde vive el exministro de Salud Mauro Falconí. No violó el estado de excepción que reguló las citas sociales y el consumo de bebidas alcohólicas. No es el protagonista de una denuncia por abuso sexual por parte de la pareja de Falconí. No se lo ve borracho en un video y trenzado a golpes con Falconí. No usó el vehículo institucional y la seguridad asignada fuera del cumplimiento de sus funciones… No. Todo esto, que es precisamente el ámbito que hace parte del juicio político porque concierne el perfil de alto funcionario que debería ser el suyo y los protocolos a los cuales debe plegarse -más aún si es el defensor del Pueblo- es deleznable para el correísmo. Y se entiende: muchos de sus líderes y funcionarios cayeron en prácticas delincuenciales que para ellos no son censurables solo porque son leales al líder y útiles a la causa.

Ese es el caso de Carrión. Y Virgilio Hernández pone el acento en el Informe de la Verdad sobre los eventos de Octubre de 2019 porque ese fue un alto servicio rendido a la Revolución Ciudadana. En 10 capítulos y 269 páginas, Carrión hizo un ejercicio cínico de hemiplejia política y convirtió la Defensoría del Pueblo en un instrumento de propaganda al servicio del correísmo y demás violentos: en ese marco hizo algo mejor para el correísmo: denunció a Lenín Moreno ante la fiscal general de la Nación por presuntos crímenes de lesa humanidad. Triple regalo. El correísmo, lejos de responder por sus acciones golpistas durante esos días aciagos, vio allí la posibilidad de voltear la tortilla y llevar ante las cortes nacionales o extranjeras al traidor que hizo cuadritos su proyecto de eternizarse en el poder. ¿Quién imagina, en esas circunstancias, que Pabel Muñoz, Virgilio Hernández y los suyos quieran censurar a Carrión por haber incumplido sus funciones?

Pachakutik está en las mismas condiciones. El informe de Carrión le permite acusar al Estado de provocar la violencia de octubre de 2109 y, en esa línea, pensar en liberar a Jaime Vargas y Leonidas Iza, entre otros, de los cargos que cursan en la Fiscalía. Carrión es funcional también a sus intereses más bellacos. Correísmo y Pachakutik tienen en Carrión a un militante perfecto.