Vicios de origen
Los requisitos que exige nuestra Constitución son pocos y fácilmente sorteables. Lo más agudo de evaluar -y subjetivo también- está en aquello de acreditar “probidad e idoneidad notorias”
Cuando creímos que el despertar del Pleno de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) había sido suficiente para frenar el ‘Saquipower’, nos engañamos. La maniobra -traducida esta vez en cabildeo- hizo que el máximo órgano jurisdiccional del país, remita una terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), a gusto y conveniencia de su presidente, Iván Saquicela. Así, en lo formal todo luce impecable, pero no lo es. La terna adolece de un vicio que la invalida de raíz.
Recordemos que de esa terna saldrá el vocal que presidirá el Consejo de la Judicatura (CJ), que es el órgano de administración, gobierno, vigilancia y disciplina de la Función Judicial (léase jueces y fiscales). Entonces, sí que nos debe importar quién será -y de dónde proviene- el ilustre ciudadano que ostente ese poder.
En ese aspecto, los requisitos que exige nuestra Constitución son pocos y fácilmente sorteables. Lo más agudo de evaluar -y subjetivo también- está en aquello de acreditar “probidad e idoneidad notorias”, cosa que, sin una verdadera oposición ciudadana, resulta una quimera.
Pero además de los requisitos, existen prohibiciones constitucionales que atraviesan esta designación y que el CPCCS está obligado a respetar. Me refiero, particularmente, a aquella prevista en el artículo 232, que busca -en apego al ori de imparcialidad- que no existan servidores públicos en cargos “de control” en los que tengan intereses. O sea, que no tengamos al ratón cuidando el queso.
Pero el Pleno de la CNJ decidió que el presidente del CJ debe salir de su propio seno, ignorando la prohibición constitucional. Lo digo porque todos los integrantes de esa última terna son judiciales, y con ello se avizora un grave conflicto de interés.
Esto no se trata, pues, de escoger al “mejor” o al “menos malo”. Se trata de entender que un cargo tan importante como el que hoy se juega en el Ecuador, no puede ser llenado por piratas con agenda ni por personas cuya imparcialidad sea cuestionada y cuestionable por su fuente. Los magistrados de la CNJ debieron tratar esto con ética pública y anteponer los intereses del país al ego de uno.
Hoy, el CPCCS tiene la obligación de frenarlos y devolver esa “Saquiterna”.
