Columnas atrás me referí al mal precedente que sentaba la Fiscalía en el caso de Leonidas Iza. Los peligros fueron ciertos y los resultados reales: la jueza declaró la nulidad de todo lo actuado. Según se sabe, se descubrió que la aprehensión de Iza no fue “flagrante” porque la Policía lo seguía hace algunos días bajo dirección de la propia Fiscalía. No se saben más detalles porque esta audiencia, casualmente, fue reservada y aún las actas oficiales no son asequibles al público. ¡Linda transparencia!

Ya vendrán las culpas cruzadas entre las instituciones y el “yo no fui”. También los manotazos de ahogado mediante el recurso de apelación. En definitiva, otro tonteo digno del pueblo. Nada de eso cambiará que Iza camine libre y que, además, tenga bajo el poncho un cañón contra el Estado (y el Gobierno): lo privaron ilegalmente de su libertad. Eso es un delito grave, quizás, un “crimen de Estado”.

En segundo plano quedarán las consecuencias de los actos por los que se lo pretendía hacer responsable. Léase todos resultados y las pérdidas de la manifestación violenta. Las indemnizaciones o reparaciones que debían esperarse, así sean simbólicas, son sueños de perro. Peor el “derecho a la verdad” y menos aún las garantías de no repetición. Va calando aquello de que sí hay gente “por encima de la ley”.

Para que se vea más claro: si los diálogos entre el Gobierno y las agrupaciones indígenas no llegan a buen puerto o si simplemente el “derecho a la resistencia” despierta, las manifestaciones volverán a ocurrir y lo vivido en junio podría repetirse. Y, ¿por qué no? Total, nunca hay procesamientos válidos para los mentalizadores, peor condenas efectivas.

Casos como este, en los que el escrutinio ciudadano es grande, socavan la institucionalidad democrática porque exponen la fragilidad de nuestra justicia en contextos en que lo político y electoral prevalecen sobre el imperio de la ley, sembrando impunidad.

El Gobierno, la Policía, Fiscalía y jueces deberían advertir que bochornos como este solo abonan a que todos los años se perciba al Ecuador como un país más corrupto. Si no me creen, miren el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional y nuestro paupérrimo puntaje.