Propia torpeza
...permite advertir que estos procesos de designación se vuelven tan automatizados que, al final, lo que importa es un simple “check-list”.
Tremendo revolú se armó luego de la fallida designación del representante de la Corte Nacional de Justicia en el Consejo de la Judicatura. Quizás cuesta entender -desde un sentido de cumplimiento de deber ciudadano- que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no “haya podido” escoger un nombre de la terna.
El fracaso supone que lluevan más críticas sobre un poder (el CPCCS) cuyo origen y necesidad democrática siempre ha estado en duda. Ni hablar de su escasa utilidad. Y si sumamos al debate la actual época electoral -que incluye una consulta popular que le quita funciones- el descontento crece. Ya aparecerán conocidos vivarachos para tomar ventaja.
Lo que pasó no debe sorprendernos. No solo porque evidencia el boicot interno de algunos integrantes del CPCCS, que no se mojan el poncho y más bien rehúyen de sus deberes públicos por componendas políticas, sino que permite advertir que estos procesos de designación se vuelven tan automatizados que, al final, lo que importa es un simple ‘check-list’.
Buceando en todos los documentos que acreditan los perfiles de la terna y en el informe de la Comisión Técnica (que verificó la conformidad de las carpetas), advertí un patrón en el (in)cumplimiento de los requisitos: para justificar que no se encuentran inmersos en ciertas prohibiciones o inhabilidades, utilizaron una declaración juramentada. Bastó, entonces, la confesión solemne del postulante para que funcione. Y así, todos usaron el mismo texto, es decir, un “copia y pega”, que fue avalado por la propia Comisión Técnica, que nada dijo en lo de fondo. Conveniente torpeza.
Así, nadie -pero nadie- reparó en que existen otras prohibiciones constitucionales para ese cargo que debieron sortear los postulantes. Ni las miraron siquiera. Simplemente, al no estar en el “listado”, no existen. Pasó, pues, de “agache” que al ser judiciales todos los miembros de la terna, tienen un conflicto de interés insubsanable que los inhabilita para ese cargo.
Corta queda la pataleta social porque “no hubo los votos” o “la mayoría no se puso de acuerdo”. Qué fácil se exonera a los verdaderos artífices de este caos. Hoy, la Corte Constitucional debe ser implacable y zanjar las dudas/trampas con las que pretenden tomarse la justicia.
