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¿Potestad omnímoda?

Avatar del JOSÉ DE LA GASCA

En democracia no hay poderes omnímodos ni ajenos a un control constitucional. La Fiscalía no es la excepción

Sin pensarlo, el Año Nuevo fue el peor día de la vida de César. Una moto invadió su carril e impactó su vehículo. Se trató de un “choque frontal excéntrico”, según la nomenclatura pseudotécnica con la que se catalogan los accidentes de tránsito. Lo siguiente que supo es que estaba detenido, “a órdenes de un fiscal”, y que había un fallecido.

Lo procesaron como a un criminal. Fiscalía ejerció sobre él todo el peso de su potestad sin pestañear. No solo le imputó ser autor de un delito (por el resultado de muerte), sino que además se pidió contra él prisión preventiva, el combo completo. Ni una sola razón -menos un elemento de convicción- ofreció para justificar ni lo uno ni lo otro. Bastó con repetir “hay un muerto, señora jueza”.

Lo veo casi a diario: los fiscales lanzan formulaciones porque sí. Sea por escrito o parados ante un juez, brillan esos “mumbo jumbos” jurídicos con los que algunos fiscales dicen “nada y todo” al mismo tiempo. Así, forman parte de un sistema de justicia en el que -según se autoproclaman- son el único engranaje que funciona. Pero cuando se los encara, atinan únicamente a repetir de memoria uno que otro dispositivo legal con los que “tocan madrina”, cuando salta por evidente la irresponsabilidad de ejercer una potestad tan importante como si fuese un capricho o baladí.

Naturalmente, son los primeros en defender esa cuota de poder a ultranza. Lo hacen a costillas de los derechos constitucionales de todos aquellos a quienes someten sin rigor técnico y con la impunidad que hoy les garantiza el principio de independencia judicial. Son, pues, amos y señores de sus decisiones: imponerlas son su prerrogativa y soportarlas, nuestro “deber”.

Yo discrepo. En democracia no hay poderes omnímodos ni ajenos a un control constitucional. La Fiscalía no es la excepción. Ya es hora de implementar límites legales a la discrecionalidad (o arbitrariedad, según el caso) del ejercicio de la acción pública de la Fiscalía, de tal suerte que puedan ser discutidos -en sede judicial- los méritos sobre los que deciden iniciar un proceso.

Muchos de los vicios del sistema de justicia que tanto repudiamos nacen aquí, nacen por esto.