David es un niño de 10 años víctima de la violencia en Guayaquil. Ingresó el 30 de agosto al hospital Monte Sinaí con una bala en su pierna izquierda y no se la retiraron hasta el 8 de septiembre. La razón: dizque hacía falta una orden fiscal que autorice el procedimiento de extracción. Que la bala es una evidencia y que ya han tenido problemas, dicen.

Y por lo que se sabe, no es un caso aislado. Parece que ya es una práctica estandarizada en los hospitales públicos relegar la salud de los pacientes por los “altos fines de la justicia”. Esto es una estupidez.

No hay ley o procedimiento que pondere la justicia por encima de la salud. Por elemental lógica, es al revés. Sí, la bala que se extrae debe luego ponerse a disposición de las autoridades, pero bajo ningún concepto esto puede ser óbice para que los médicos actúen para salvar una vida o recuperar la salud de un paciente. Peor aún de un niño, que es sujeto de protecciones especiales por parte del Estado; que lo tutela el Principio de Interés Superior, por el que todas las autoridades deben ajustarse; y por si fuera poco, sus derechos prevalecen sobre cualquier otro.

Pero aquí no se lo quiere entender así. Es que parece que, en el sector público, una directriz mal dada, una regla mal interpretada y el sacrosanto formalismo, son tan potentes que ni la vida o salud de un niño importan. El principio de legalidad, según el cual ellos no pueden hacer sino lo que la ley les faculta, no es refugio para solapar la vagancia, estulticia e indolencia.

No hay justificación del hospital ni del Ministerio de Salud Pública que valga. Esta mala práctica debe desterrarse de inmediato. No solo porque se juega con las vidas, sino porque son graves -muy graves- las responsabilidades penales por los resultados lesivos a causa de sus omisiones y porque administrativamente su pellejo también está en riesgo.

Este puede ser un caso que llegue a oídos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y por el cual, en unos años, el Ecuador sea condenado y la factura la paguemos todos.