Un mal perdedor
Si esa decisión nos gusta o no, es irrelevante. Lo cierto es que tiene consecuencias económicas para el país, que pronto deberemos afrontar’.
Al Estado se lo debe defender (me refiero a lo judicial) con uñas y dientes. Esa labor le compete al procurador general del Estado (PGE). No será discrecional del PGE lo que escoja defender. Por principio, debe defenderlo todo, quizás, hasta lo indefendible.
Ecuador ha enfrentado, por varios años, litigios contra los hermanos Isaías, principalmente, por las acciones que ellos interpusieron en cortes internacionales para la restitución de los bienes que les fueron incautados sin “derecho al pataleo”. Al final, lo justo o injusto (desde lo social o económico) sucumbe ante la gravedad que representa -desde una perspectiva de derechos humanos- anular el derecho de cualquier persona a acceder a la justicia para defenderse contra actos de poder. Esas fueron las consecuencias del mandato 13 de la Asamblea Constituyente de 2008. Y por esto el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas les dio la razón a los Isaías. Si esa decisión nos gusta o no, es irrelevante. Lo cierto es que tiene consecuencias económicas para el país, que pronto deberemos afrontar. Con ese dictamen en mano, los Isaías han “domesticado” la decisión, de tal forma que sean los jueces del Ecuador quienes las hagan vigentes. Las acciones son varias y, en todas, el PGE defiende al Estado, aunque las pierda.
Aclaremos: en todo litigio perder es una posibilidad. Los abogados estamos impedidos de garantizar resultados favorables. Tenemos obligaciones de medios y no de resultados. Esto incluye, desde luego, al PGE. Su rol consiste en representarnos con diligencia debida y con apego a la ley: impugnar, recurrir y utilizar toda herramienta legal, incluyendo las disciplinarias contra jueces, es válido. Todo esto lo puede ejercer y, aun así, perder. Deberá, entonces, el PGE asumir su derrota y explicarla a su cliente, el Estado. Deberá también preparar los juicios de repetición contra quienes la causaron y evitar que la factura la paguemos todos. Lo que no luce correcto es que al final de su gestión, el PGE saliente “endose” la derrota a terceros sin esgrimir prueba alguna. Demonizar a quien dio una opinión académica por la coincidencia de un cargo administrativo no tapa el hueco.
La rendición de cuentas debe exigirse con total seriedad, no como excusa.
