Lecciones no aprendidas
En lugar de proceder como dice la ley sobre este trámite y ante la falta de informe, el presidente de la AN impuso el ‘Saquipower’ y con una pirueta legislativa llevó el asunto al Pleno, a secas y sin informe’.
Mientras escribo esta columna, en la Asamblea Nacional (AN) aún no se define la suerte de cuatro miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en el juicio político. Sí, otra vez el bizarro juego de las mayorías parlamentarias tiene una importante incidencia en la estabilidad democrática del país.
Entendamos bien: dominar la mayoría del CPCCS significa apoderarse de la elección de varias autoridades de control. O sea, volvemos a las autoridades “de bolsillo”. Malos ejemplos tuvimos varios: hoy algunos de esos están pagando cuentas -por delitos de corrupción- a la justicia local y en el extranjero. ¿Recuerdan a ‘Mr. Perfect Pólit’?
Lo delicado aquí no es el sometimiento a un juicio político. Estos actos de fiscalización son parte del control democrático de poder, en definitiva, rendición de cuentas. El problema es cuando la AN los usa como mecanismo de captura institucional y para ello no respeta ni sus propias leyes. Hoy pretenden -desde la arbitrariedad- censurar y destituir a cuatro consejeros del CPCCS. Queda claro para qué…
Resulta que la ley obliga a que -dentro de un plazo- la Comisión de Fiscalización y Control Político remita un informe motivado en el que concluya si el juicio se archiva o avanza. Este informe es, pues, requisito fundamental porque sobre él se votará. Pero la Comisión no entregó el informe y esto abrió la puerta a la sapada.
En lugar de proceder como dice la ley sobre este trámite y ante la falta de informe, el presidente de la AN impuso el ‘Saquipower’ y con una pirueta legislativa llevó el asunto al Pleno, a secas y sin informe. Pero, ¿sobre qué iban a votar?
Así, una “rebelde” asambleísta de Pachakutik aprovechó la omisión para mocionar una jugarreta con la que “filtraron” a conveniencia a los consejeros enjuiciados y dejaron ante el paredón solo a los cuatro que hacían mayoría en el CPCCS.
Ya en el 94 el Congreso Nacional, con similares ilegalidades, botó a los miembros de la entonces Corte Suprema de Justicia. Eso nos costó un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Quintana Coello y otros vs. Ecuador) que perdimos y nos tocó pagar millones en indemnizaciones. ¿Van a repetir la historia?
