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¿Juez lobo del juez?

Avatar del JOSÉ DE LA GASCA

Pasamos del control disciplinario arbitrario al descontrol. Y esto es peligroso porque una vez que el juez se posesiona de su cargo, goza de estabilidad e inamovilidad.

En la Jalkh èpoque del Consejo de la Judicatura (CJ), el control sobre jueces -y por ende de la justicia- fue innegable (sí, aquella metida de mano). Tenían en la figura jurídica del error inexcusable el arma perfecta para destituir –incluso de oficio- judiciales a mansalva. Claro, ese “error” lo declaraban a su conveniencia. Además, Jalkh podía suspender -él solito- al juez que le diera la gana. Botaron a muchos a cuenta de “depuración”. Hoy lo paradójico es que todos, o casi todos, han sido restituidos y eso le cuesta al Estado fortunas en indemnizaciones.

Pero si eso era malo y hasta obsceno, lo que ocurre hoy es igual o peor. Pasamos del control disciplinario arbitrario al descontrol. Y esto es peligroso porque una vez que el juez se posesiona de su cargo, goza de estabilidad e inamovilidad.

La Corte Constitucional dictó dos sentencias que cambiaron las reglas del juego. 1) Fijó límites a la potestad disciplinaria: eliminó el control “de oficio” y determinó que los errores inexcusables deben ser calificados por los propios jueces, no por el CJ (declaratoria jurisdiccional previa). 2) Quitó la atribución del presidente del CJ, de suspender preventivamente a jueces, para dársela al Pleno de este órgano judicial. Quedó, pues, desmantelado el CJ para controlar decisiones judiciales mediante la presión que suponía el miedo a la destitución y la suspensión.

Entonces, ¿queda algún espacio para la depuración judicial?

La respuesta es incierta y la cosa se pone fea cuando en la práctica los jueces no declaran los errores de sus compañeros o lo hacen solo en casos alarmantes (Glas-Manglaralto). Es más fea cuando en una demostración de espíritu de cuerpo, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia exoneró de toda negligencia a su presidente Iván Saquicela y luego vino la Corte Provincial de Justicia del Azuay a ordenar al CJ a que pida disculpas públicas a toda la Función Judicial por haber suspendido preventivamente a su presidente.

El resultado es un nulo control disciplinario. Esto permite que prolifere un peligroso clima de impunidad y corruptela. Esto socava el sustrato de la independencia judicial: el principio de responsabilidad. Aquí no cabe que el juez no sea lobo del juez.