José De la Gasca: La puerta trasera
Son, pues, esos directores disciplinarios los que -sin despeinarse- resuelven que no hay los méritos para una sanción y archivan.
Cuando se trata de hacer trampas, en el Consejo de la Judicatura (CJ) se las saben todas. Ha quedado claro que el descalabro de la Función Judicial -ese desgobierno de los jueces- ha servido para lo más mórbido que pueda arrojar la justicia: restituir derechos políticos, aun con sentencias condenatorias en firme; excarcelar a cabecillas de GDO (grupos de delincuencia organizada); habilitar procesos de veedurías ciudadanas en contra de un dictamen de la Corte Constitucional y hasta para regalar millones de dólares a un político con deudas fraudulentamente ‘borradas’ del sistema financiero. Esto pasa porque esos jueces se saben impunes a un inexistente control disciplinario.
Paradójicamente, la debilitada potestad disciplinaria sí sirve para deshacerse de ‘enemigos’ o perfiles ‘ingobernables’ dentro de la Función Judicial. Ahí tienen el caso del juez nacional Walter Macías, al quien el ‘Consejito’ de la Judicatura pretendió botar de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) basándose en ilegalidades. Y no nos olvidemos de los otros tantos casos en que destituyen a malos jueces, pero lo hacen tan mal, que luego la propia justicia los regresa a sus cargos con pagos de indemnizaciones.
Hoy el ‘Consejito’ ha creado un mecanismo para perpetuar la impunidad de aquellos jueces a quienes desean proteger sin enlodarse. Para evitar que, incluso, estos temas trasciendan, prefieren dejar que la cosa se resuelva ‘en corto’. Y así, torciendo la normativa legal y las competencias del propio Pleno del CJ, han encontrado la manera de ‘encargar’ a los directores disciplinarios provinciales (todos de bolsillo del ‘Consejito’), para que sean ellos los que sustancien y exoneren a algunos jueces que tienen en su contra declaratorias jurisdiccionales previas por error inexcusable.
Así, el asuntito disciplinario, por grave que sea, se queda en la provincia donde esos jueces tienen poder y desde donde sirven a los intereses de quien los comanda. Son, pues, esos directores disciplinarios los que -sin despeinarse- resuelven que no hay los méritos para una sanción y archivan. Entonces, el caso no pasa al Pleno del CJ y, por ende, nunca nos enteramos. Algo así como “si no se sabe, no pasó…”.
Ahora que ya se sabe de esta trampa, ¿qué cuento nos dirá el ‘Consejito’?
