José De la Gasca: Daño colateral
Ojalá supiera, por ejemplo, el exjuez de Yaguachi, que sus horrores se comentan en el extranjero y que ahuyentan la voluntad para invertir.
Ojalá las autoridades -todas- supieran el peso que tienen sus actuaciones fuera de las fronteras. Ojalá supiera, por ejemplo, el exjuez de Yaguachi, que sus horrores se comentan en el extranjero y que ahuyentan la voluntad para invertir. Ojalá los asambleístas que promueven la discordia y el desgobierno tuviesen en cuenta que sus voces retumban en los oídos de los mercados internacionales y generan desconcierto, y zozobra.
Ojalá quienes atacan a las cabezas de las instituciones y amenazan con juicios políticos tuviesen en cuenta que, fuera de sus tiendas políticas o intereses personales, el solo amague de actos que sacudan a la democracia vuelve al país un lugar inhóspito para invertir. ¿Se puede pedir que los inversionistas vengan al Ecuador cuando lo que hoy nos identifica políticamente es el tumulto, el caos?
Esta semana escuché a varios inversionistas extranjeros, empresarios, gestores de capital -sí, todo eso que necesita la economía local para dinamizarse- expresar su enorme preocupación por los avatares de la crisis política interna, el ambiente de polarización conceptual y también el descontrol de la Función Judicial.
Escuchar en estos foros que se pregunte al próximo primer mandatario sobre los cambios urgentes que deben operar en la justicia para refrenar abusos y arbitrariedades, que jamás se corrigen, es algo que, como ciudadanos, debe alarmarnos hasta los huesos.
Es que, erróneamente, creemos que los ‘milagritos judiciales’ agotan sus efectos en los tres o cuatro fulanos que se benefician de ellos o en la resignación de quienes deben padecerlas. No, la cosa no acaba ahí.
He visto jueces que, con su sola pluma, son capaces de tumbar licitaciones sobre asuntos vitales para los servicios públicos y el funcionamiento del Estado. Los he visto entrometerse en contratos públicos a guisa de tutelar el ‘derecho de participación’ en abstracto para romper los equilibrios contractuales y favorecer a quienes los ‘activan’. ¿Será que tienen una pequeña idea del daño que causan? Esos no son jueces garantistas, son mercaderes de la antipatria.
El ejercicio de las funciones de los servidores públicos debe preñarse no solo de ética para el cumplimiento de sus funciones, sino del sentido patrio de construir una institucionalidad que se multiplique.
