Gancho ciego
Las mafias del narcotráfico han penetrado todos los sistemas de seguridad dentro y fuera de los puertos. No hay carga libre de riesgo.
Exportar desde el Ecuador se ha vuelto una pesadilla. Es una cosa de todos los días que en los puertos se descubra droga en los contenedores, principalmente en aquellos que tienen como destino países europeos o asiáticos. Las mafias del narcotráfico han penetrado todos los sistemas de seguridad dentro y fuera de los puertos. No hay carga libre de riesgo.
Desde luego, esto significa grandes costos y millonarias pérdidas. Que el Ecuador se encuentre en el tercer lugar de los países que más droga incauta en los puertos (Informe de Drogas Unodc, 2022) solo refleja la pérdida de competitividad de los sectores que sufren estos ‘ganchos ciegos’. Ni hablar de las contingencias por procesamientos penales que deja la ‘sombra blanca’ de la cocaína para empleados y directivos cada vez que la Policía Antinarcóticos anuncia estas novedades de terror.
No existe la capacidad operativa para inspeccionar todas las cargas. Sabemos que lo que se decomisa es ínfimo versus lo que transita. La instalación de los escáneres pinta bien, pero no es una solución sistémica. Cuando algún día los habiliten en todos los puertos, no tardará en que las mafias también los controlen.
Por eso, el enfoque político-criminal no debe pasar solo por reforzar los controles y las seguridades. No hay rastreo satelital, inspección canina o escáner que contenga una actividad ilícita que crece conforme a su demanda. Hace falta una mirada más profunda, que desemboque en un régimen de castigos y exoneraciones.
Hoy el delito de narcotráfico no prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es decir, las compañías (imaginemos una naviera) no podrán ser procesadas por estos hechos. Esto -más allá de ser una laguna de punibilidad- supone el riesgo personal de cárcel para sus representantes o funcionarios. Se debe, entonces, ampliar este sistema legal de responsabilidad a las empresas y, en paralelo, a la regulación de un sistema de exoneración basado en la implementación de programas de cumplimiento (‘compliance’) y buen gobierno corporativo.
Esto quizás represente elevar costos, pero así se obliga e incentiva a todos los operadores portuarios y exportadores a establecer un ‘idioma común’ de procedimientos internos estandarizados, de transparencia y seguridad, antes que ceder ante la coima o la vacuna.
