¡Dígame, licenciado!

Esta expresión se hizo corriente por una famosa serie de la televisión mexicana.

Era una forma de reírse de nuestra solemnidad, heredada de la Colonia, pero vigente en todo el proceso de constitución de las nuevas repúblicas latinoamericanas hasta el presente: la de creer que los títulos hacen a las personas y no al revés.

Y no solo en lo moral o personal sino también en lo que ahora se llaman competencias y que se supone permiten insertarse en el mundo real, incluido el de la investigación.

Es la otra cara de la misma medalla de nuestro ancestro de letrados de “emergentes”, de que la letra hace a la realidad y no la realidad a la letra. De ahí la fe, sí, fe ciega de los que hacen y aplican reglamentos, en sumisión a lo que dicen esos textos. Por ello, mientras más se reglamente, estamos más cercanos a la perfección. Mientras más requisitos se exijan, más calidad. Resultado: “la república de papel” en la aguda expresión de Alfredo Pinoargote. Por supuesto, no disminuye la corrupción, ni aumenta la calidad y la eficiencia o se aminora la pérdida de sentido común.

En la administración anterior, tan revolucionaria, se incentivó esta vieja certeza colonial: el poder de los títulos. Llenándonos de PhD (¿cómo se pronuncia en actos públicos: en inglés, en latín o en español, letra por letra?) íbamos a tener las mejores universidades del mundo. Los hombres más capaces académicamente hablando. Los proyectos de investigación de mayor impacto. Solo se olvidaron de algo que no forma parte de la agenda de “la república de papel”: ¿qué está pasando en el mundo en que vivimos y cómo nos afecta? Porque resulta que en el campo de la educación superior, que es al que van la inmensa mayoría de nuestros titulados de doctores, el mundo universitario de hoy se está cayendo a pedazos.

Surgen y desaparecen nuevas profesiones. Pero sobre todo las áreas de saber pierden su aislamiento disciplinar, y la informalidad y la flexibilidad son las características de las nuevas profesiones.