Contradicciones funestas

Avatar del Joaquín Hernández

La conclusión entonces es que hay que apoyar a las empresas e instituciones que están dando empleo e impidiendo que sus colaboradores queden en la penuria.

Junto con el temor a la pandemia y a la posibilidad de un segundo brote que arranque más vidas, la gran preocupación de las personas es su supervivencia económica. Esta se encuentra en riesgo, precisamente, por la pérdida de empleos y actividades de comercio. Desde la persona que día a día tiene que vender productos para poder conseguir la subsistencia diaria, hasta los empleados de aerolíneas, construcción, banca, turismo, arriendos, distracciones.

El empleo, formal o informal, es indispensable para mantenerse en vida. Por ello, fue muy acertada la declaración del presidente de la Comisión de Desarrollo Económico cuando indicó que las reformas económicas propuestas tenían, entre los tres objetivos centrales buscados, la salud y el empleo.

Sin empleo no hay supervivencia. La conclusión entonces es que hay que apoyar a las empresas e instituciones que están dando empleo e impidiendo que sus colaboradores queden en la penuria. Y aquí empiezan las contradicciones que, en el caso de la educación superior particular, serían funestas si es que llegan a ser aprobadas.

En una medida aparentemente humanitaria y solidaria, se pretende que las universidades particulares descuenten el 20 % de sus aranceles sin analizar las implicaciones de semejante medida y la cantidad de perjudicados. Desvestir un santo para vestir otro. Solo que los que la sufren son personas de carne y hueso, de nombre y apellido, y sus familias, que dependen de las universidades. Un universo aproximado de más de un millón doscientos mil personas que dependen directa e indirectamente. Pero también los jóvenes que ya reciben becas y ayudas económicas en las universidades y que no solo se limitan al 10 % que señala la LOES, sino que, por la situación económica que se arrastra, son más.

Con semejantes descuentos, las universidades particulares tendrán que despedir profesores y colaboradores o desaparecer. ¿Ese es el objetivo: quitar empleo a los que ya lo tienen? ¿Por qué no lo propuesto por la Comisión de Educación de la Asamblea que dialogó con las universidades y no quiere el colapso?