La semana que acaba de transcurrir trajo respiro al país. El clima de violencia permanente disminuyó ostensiblemente. Han sido múltiples los factores: la presencia del presidente en los medios de comunicación con un discurso sobrio, apuntado a la resolución del problema de la inseguridad y del crimen organizado; su apertura internacional para recurrir a los países amigos de la región, EE. UU., el primero, para emprender acciones conjuntas. Paralelamente, las FF. AA. y la Policía Nacional han realizado acciones récord, como la incautación de 22 toneladas de cocaína en una hacienda en la provincia de Los Ríos, la ocupación de los centros penitenciarios y su transformación, operativos exitosos como el de Nueva Prosperina y la súbita disminución de muertes violentas. Finalmente, y aunque ya fue señalado antes, la presencia y acuerdos con EE.UU. durante la visita de la general Richardson, jefe del comando conjunto sur de los EE. UU., del asesor presidencial Todd y de otros altos funcionarios de ese país, que dejan establecidas políticas y acuerdos de cooperación para el futuro.

No deja de llamar la atención, positivamente, este gesto del gobierno de los EE.UU. en los momentos en que su atención está ocupada fundamentalmente por el conflicto del Medio Oriente, en una política compleja como es la de apoyar a Israel pero no provocar a la vez una guerra regional, y en menor medida en el de Ucrania.

Sin embargo, como señalaban Anastasia Austin y Gavin Voss en el artículo aparecido en la revista de investigación y de análisis, Insight Crime, los éxitos obtenidos hasta el momento “muestran lo difícil que será dominar a las sofisticadas pandillas del país”. Y esto no solo por una posible reacción de estos grupos terroristas ante esta incautación sino porque muestra todo el aparato que se ha instalado en el país y que baraja simultáneamente miseria (de donde extrae sus sicarios y apoyos), corrupción (para penetrar y cooptar a actores decisivos como ha revelado el caso Metástasis), y condiciones diversas como la ubicación geográfica del país entre los dos mayores productores de coca, vulnerabilidad de fronteras, combustibles subsidiados, el dólar como moneda de cambio y, en general la progresiva desinstitucionalización del país y pérdida de la ética social. Empezar a resolver estos factores es la tarea inmediata.