‘Octubre. La democracia bajo ataque’, de María Paula Romo y Amelia Ribadeneira, es, más que una crónica de los dramáticos, sorpresivos y aterradores acontecimientos que se desencadenaron en el país desde el 3 de octubre, “cuando el país amaneció sin servicio de transporte urbano y rural”, hasta el 13 de octubre del año pasado, la evidencia de los graves problemas estructurales de la sociedad ecuatoriana que la hacen inviable.

La eliminación del subsidio a los combustibles fue la chispa que incendió y apagó, hasta nuevo aviso, al país. Lo que no apagó fue el resentimiento, la desconfianza, la imposibilidad de encontrar consensos mínimos en cuestiones de fondo. Una sociedad que prefiere engañarse, declamando consignas garantistas que sabe nunca se cumplirán, a hablar en serio y admitir que los tiempos cambiaron irremediablemente.

El Decreto 883 anunció que el modelo de Estado que proviene de los años setenta del siglo pasado es insostenible. El ‘ogro filantrópico’ no puede ser más ni ogro (por controlador, pero ineficiente hasta el extremo de anularse), ni filántropo (no tiene qué repartir).

En segundo lugar, el país no ha resuelto la confrontación impulsada por el populismo contra las democracias liberales. Se trata de un populismo que, a diferencia de los del siglo pasado, juega las cartas de la globalización, usa tecnología de punta, necesita millones (‘trolls’ estratégicamente distribuidos, comandos urbanos), alianzas de todo tipo, corrupción.

Es el totalitarismo descrito por Arendt, al que caminamos, desaprensivamente: “La sociedad se muestra siempre inclinada a aceptar inmediatamente a una persona por lo que pretende ser, de tal forma que un chiflado que se haga pasar por genio tiene ciertas probabilidades de ser creído”.

Finalmente, como “las democracias liberales del mundo real nunca están a la altura de los ideales subyacentes de libertad e igualdad”, es la hora de que individuos o grupos reclamen, en nombre de utopías milenaristas, sus derechos de superioridad sobre toda la sociedad poniendo en crisis al Estado y a sus instituciones.