El gobierno de Javier Milei cumplió el pasado 10 de marzo tres meses en el poder. Usualmente, se suele decir que este primer período es una especie de luna de miel donde se deja al gobierno entrante trabajar. Pasado este plazo imaginario, comienzan a surgir los conflictos, sea por los problemas no resueltos en la administración anterior, sea por los enemigos políticos que no están de acuerdo con el nuevo gobierno o que simplemente quieren hacerlo fracasar. Nada de eso ha sucedido en Argentina con Milei.

Ciertamente, el propio presidente dio batalla desde el primer día, como lo había anunciado en campaña. Primero con su discurso de toma de posesión y, continuamente, con los gestos con los que denunció a la clase política, a la casta, que “no ve” la verdadera situación de Argentina. En su segunda semana, el presidente aprobó el Megadecreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que contiene más de 300 medidas que pretende desregular la economía. A las tres semanas, el presidente argentino envió el proyecto de la Ley de Bases y Puntos para la libertad de los argentinos, con más de 600 artículos que constituyen reformas profundas a la legislación del país.

La reacción del establecimiento, proveniente del kirchnerismo y de sus sectores aliados, dirigentes sindicalistas y gremiales e intelectuales de izquierda, es arremeter contra el presidente. Piquetes, intentos de corte de las calles, suspensión de clases, huelga de Aerolíneas Argentinas que paralizó el aeropuerto de Ezeiza dos días. Esta semana una ola de violencia sacudió y trastornó la ciudad de Rosario, donde los narcotraficantes ejecutaron a personas inocentes en plena luz del día para mandar un mensaje al gobernador, pero también al gobierno federal, de que sus intereses no podían ser tocados. Finalmente, el día jueves, el senado de la república negó la aprobación del DNU. Aunque ello no lo invalida porque hace falta que la Cámara de Diputados también se pronuncie negativamente, muestra que no existe ningún intento de consenso con el presidente que, días antes había llamado a un acuerdo entre todas las fuerzas políticas que estuviesen por el cambio y que quedaría firmado el próximo 25 de mayo en Córdoba.

Lo que quedó demostrado es la imposibilidad de consensos cuando se juegan intereses grupales y partidistas.