Jeannine Cruz: Democracia en resistencia

Ecuador no fue ingenuo ni desinformado. Tras la operación militar de Colombia en Angostura (Ecuador), en 2008, el país conoció por medios nacionales e internacionales denuncias sobre supuestos vínculos entre la guerrilla de las FARC y actores políticos ecuatorianos.

De los equipos incautados en ese campamento surgieron referencias a contactos y presuntos apoyos financieros a campañas presidenciales. No hubo sentencia judicial, pero la alerta fue pública, documentada y conocida.

Aquí no cabe el discurso de la casualidad. Las FARC no operaban sin objetivos claros en la región. Su interés no era ideológico ni simbólico: era estratégico. Buscaban influencia, tolerancia territorial, rutas seguras, silencio institucional y decisiones políticas funcionales a sus economías ilegales.

Cuando una organización armada mira a la política, no lo hace para acompañar procesos democráticos, sino para condicionarlos.

Años después, el patrón vuelve a emerger. El caso Caja Chica investiga un presunto esquema de lavado de activos con fines electorales, bajo la hipótesis de ingreso de recursos desde Venezuela. Nuevamente, la justicia deberá pronunciarse. Pero otra vez el país enfrenta el mismo problema: dinero externo, opaco y sin trazabilidad intentando influir en el poder político.

Estamos a un año de un nuevo proceso electoral. No hay espacio para la ingenuidad ni para el silencio.

Es imperativo que todas las organizaciones políticas, sin excepción, sean sometidas a un control estricto sobre el origen y destino de sus recursos. La UAFE (Unidad de Análisis Financieros) tiene una responsabilidad clave: seguir la ruta del dinero y cerrar el paso a la infiltración criminal.

Porque cuando el crimen financia campañas, la democracia deja de ser libre. Y cuando el Estado no controla el dinero político, termina gobernado por quienes nunca se presentan a elecciones.