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No hay ya motivo para la inacción; los registros -incluso seguros como blockchain- quedan para control, auditoría y sanción posterior

Decía el reporte para accionistas de una empresa en 2009: “Preferimos sufrir los costos previsibles de unas pocas malas decisiones que incurrir en los múltiples y evidentes costos que conlleva tomar decisiones lentamente -o no tomarlas- por una burocracia paralizante”.

La empresa es Berkshire Hathaway, liderada por el paradigmático Warren Buffet. Berkshire es propietaria y gestiona con una veintena de empleados activos que juntos le producen ingresos arriba de los doscientos billones de dólares al año. Ojo: doscientos billones de dólares es dos veces el Producto Interno Bruto ecuatoriano.

La llegada de Guillermo Lasso a Carondelet implica un buen momento para preguntarse cuántas personas se requieren para las funciones imprescindibles de Gobierno, cualquiera que ideológicamente convengamos que aquellas son. Bajo el principio de Berkshire podemos preguntarnos: ¿es mejor tomar unas pocas malas decisiones que la inacción, el absurdo tecnocrático y la corrupción?

Esperemos de Lasso una visión modernizadora que produzca eficiencias en la administración pública. Para ello tendrá que mirar hacia las tecnologías que permiten hoy hacer más y mejor en menos tiempo. Nuestra recuperación económica y el futuro dependen de ello.

Los primeros estudiosos de la burocracia se concentraron en la normalización de procesos para cada decisión, para cada movimiento. Así se garantizaba la novel legitimidad de la democracia moderna. Era la época de la máquina de escribir; los papeles y archivos eran la cúspide de la modernidad: de allí que asociamos burocracia con papeleo.

Pero han pasado doscientos años y muy poco ha cambiado. Los papeleos y la formalidad de las decisiones -la legitimidad racional legal acuñada por Weber- ya no bastan para salvar a nuestros gobiernos de su crisis de legitimidad. Nuevas tecnologías se imponen, de aquellas que brinden a la vez conveniencia al usuario y un registro seguro de quién tomó qué decisión, cuándo. No hay ya motivo para la inacción; los registros -incluso seguros como blockchain- quedan para control, auditoría y sanción posterior.