No hay archivo posible

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No hay archivo posible

De todo se especula sobre el trámite que seguirá el proyecto urgente del Gobierno’.

Harto se especula de lo que puede pasar con el primer proyecto económico urgente del Gobierno. A.- Luego de la “calificación” que haga el CAL vendrá un mes de trámite legislativo que incluye informe de comisión para primer debate - primer debate de Pleno - informe de comisión para segundo debate - y- segundo debate del pleno. Terminado esto, lo que quede del proyecto va a la Presidencia para veto. Si transcurrido el mes la Asamblea no ha concluido el proceso descrito se publica el proyecto original.

La Presidencia tiene un mes para vetar, total o parcialmente, a lo que sigue un mes más de plazo para que la Asamblea se ratifique en su texto o se allane al texto vetado parcialmente por Presidencia. Lo primero necesita una mayoría calificada que la oposición pudiera conseguir uniéndose, lo segundo una mayoría simple o impasividad durante el plazo, a lo que le sigue la publicación. B.- El CAL decide no “calificar” el proyecto del presidente y este puede escoger entre mandar a publicar la ley o aguantar el desplante y empezar de nuevo. Si bien estas devoluciones ya han sucedido en el pasado (Ley de Defensa de la Dolarización de Lenín), la intervención del CAL para bloquear un proyecto económico urgente vacía de todo sentido dicho trámite y es por ende altamente discutible, cuando no simplemente inconstitucional. C.- Por ahí se dice que luego de “calificar” el proyecto el CAL, la comisión a la que se asigne podría sugerir al Pleno su archivo. Esto, que no está contemplado como opción en el art. 140 de la Constitución que atañe el trámite económico urgente, de lograr los votos, es para fines prácticos comparable al escenario 2: se le niega al presidente la capacidad esencial de legislar para la urgencia económica. Este es un escenario tirado de los cabellos.

Por supuesto, ninguno de estos escenarios contradice o limita la facultad del Gobierno para remitirse a la ciudadanía con una fórmula de consulta popular, aunque aquello sigue otro trámite que prolongará bastante esta discusión y pondrá el capital político gubernamental a prueba.