Automatizar
Impuestos, limitaciones de derechos y otros excesos de autoridad han logrado estatus legal con este proceder espurio sin que hasta la fecha nadie diga pío.
Saben quiénes son y que su accionar está documentado, aunque por ahora duermen tranquilos: nadie se toma el trabajo de organizar los expedientes con los que podrían ser censurados e incluso llevados tras las rejas.
La Asamblea el terreno es fértil por opaco, para el arbitrio y la impunidad. El críptico lenguaje y el desinterés ciudadano sobre procedimiento legislativo explican el desarraigo generalizado hacia La Ley.
Los asambleístas “ponentes” saben tan bien como el resto de sus colegas cuan corrupto es aquello de pedir unos minutos en pleno segundo debate, luego de las intervenciones, para luego devolver por mail al pleno, aún sentado, una nueva versión para la votación. Desconocen así el trabajo de la Comisión que ellos mismos presiden, que es la llamada a presentar textos e informes para debate, revisión y votación sucesiva en el pleno. Impuestos, limitaciones de derechos y otros excesos de autoridad han logrado estatus legal con este proceder espurio sin que hasta la fecha nadie diga pío.
Otra burla es aquella mediante la cual las Comisiones “fusionan” varios proyectos legislativos sobre un mismo tema. Lo que en la forma es legal y lógico, se corrompe en la práctica. Fusionar proyectos recién admitidos a trámite con alguno que ya está listo para votación final desdibuja todo el proceso legislativo. ¿Por qué no mejor tramitar leyes de un párrafo y meter en el último minuto centenares de nóveles artículos, del mismo tema claro, que no han sido debatidos jamás?
Ya que no lo hacen los asambleístas, ocupados en otras cosas, queda en manos de la ciudadanía escudriñar estas cosas. Pero como no somos capaces de tirarnos encima la revisión de miles de páginas, horas de video y la comparación entre el gato que entró y el perro que salió del legislativo, que más da. Por suerte, nuevas tecnologías hacen el trabajo por nosotros. Blockchain es usado hoy en USA, Brasil, Dubái, Canadá, Suiza y otros países para registrar de manera transparente e inmutable el quehacer de empleados públicos y privados y alertar automatizadamente sobre comportamientos aberrantes como los señalados.
