Fue un acierto facultar a las municipalidades a crear, por sí y ante sí, otros organismos sin recurrir al Poder Legislativo. La de Guayaquil, por ejemplo, está facultada para recrear la indispensable Comisión de Tránsito en Guayaquil. Hoy me refiero a otra criatura legal: la Empresa Pública Municipal Registro de la Propiedad, último fruto que produjo la gesta autonomista de las provincias que impulsé en 1979 proponiendo la reforma constitucional que se consagró en 1988 admitiendo la existencia de regiones autónomas.

Siendo indispensable crear la seguridad jurídica, necesaria no solo para convivir en paz sino para ser destino preferido de capitales extranjeros, cabe resaltar que aquella no solo se materializa por las sentencias de los jueces sabios y honestos sino por la coexistencia con instituciones ágiles, independientes, como el Registro de la Propiedad Inmobiliaria.

 

En este contexto, al crearse la empresa municipal Registro de la Propiedad de Guayaquil no se previó que su representante legal disputaría atribuciones al registrador de la Propiedad, como ha ocurrido. La Gerencia, estrictamente legal, ha invadido el área administrativa removiendo al personal a su arbitrio. El efecto: se han producido 1.300 órdenes de trabajo rezagadas por la falta de personal calificado, es decir, la paralización del Registro. 

El meollo de la disputa es si debe seguirse realizando el doble registro: físico y electrónico, que defiende el registrador de la Propiedad. La Gerencia del Registro impuso prescindir de los libros, lo que conlleva el riesgo de que, realizada la transferencia de dominio, únicamente por computadora, se descubra que los inmuebles pertenecen a otras personas.

Un demagogo en la Alcaldía, ante la necesidad de legalizar grandes asentamientos populares podría, descartando los libros, obtener que se transfiera el dominio de miles de lotes y cosechar falsamente decenas de miles de votos.