En 2008 la Asamblea Constituyente cambió el concepto internacionalmente usado, incluso en Ecuador, de seguridad alimentaria, por el de soberanía alimentaria. Sutiles diferencias, la soberanía es consumir todo aquello que producimos antes que venderlo internacionalmente o importar. En el caso de la seguridad alimentaria, de acuerdo a la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, es cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana, sean productos importados o no. 

Una de las preocupaciones internacionales es que durante esta pandemia deberíamos reforzar ese acceso a alimentos seguros; al inicio de 2020, de acuerdo al Programa de Alimentación Mundial, se estima que 800 millones de personas enfrentan desnutrición crónica y 100 millones necesitan asistencia alimentaria para salvar sus vidas. Ecuador no esta exento. Con una población en pobreza del 35,5 %, las ciudades con más incidencia son Quito, Machala, Guayaquil, Ambato y Cuenca. 

La FAO indica que hay riesgo de inseguridad alimentaria crónica cuando de forma persistente las personas no tienen capacidad para satisfacer sus necesidades alimentarias mínimas durante un periodo prolongado; traerá pobreza, falta de activos y de acceso a recursos productivos o financieros. 

Por el otro lado, tenemos más de 3 millones de nuestros niños que van a la escuela, donde reciben alimentos para su mejor desarrollo, alimentos que no reciben en casa. Durante la pandemia de Covid-19 es imperativa la necesidad de soluciones basadas en políticas que garanticen la seguridad alimentaria de los niños. Esto podría evitarse o superarse con acceso más directo a los alimentos. Entonces, deberíamos utilizar el concepto de que todo lo que se produce en Ecuador debemos consumirlo (soberanía), y esto me ha hecho pensar y por ende sugerir amablemente a las autoridades involucradas que llegó el momento de levantar la prohibición nacional de comercializar suero de leche, de corregir el Acuerdo Interministerial No. 177 y la Resolución No. 241, y así poder ofrecer bebidas de suero de leche sin necesidad de que primero el mismo suero se lo pulverice, ya que en Ecuador no existe una sola planta que lo haga, y la realidad es que no habrá en algunos años. Es importante resaltar que si bien el suero no tiene los mismos nutrientes que la leche, ¡lo necesitamos ya! 

Este es el momento de inclusión social 360, aprovechar producción y comercialización de los pequeños y medianos queseros, que vendan a los que pueden industrializar las bebidas de suero de leche, ponerle unas etiquetas tipo cartel de comida rápida, con negritas, letras capitales de más de 5 mm y hasta luces si les parece, pero que circule rápidamente entre los consumidores más necesitados. Se me ocurre que incluso las empresas de la industria láctea pueden donar un porcentaje de su producción a los Bancos de Alimentos de Guayaquil, Quito y Cuenca, Miess y Cáritas. Y como decía Marthin Luther King, ¡tengo un sueño! Y el mío es la empatía con los más necesitados y vulnerables, los que perdieron su medio de vida diario, los que controlan su escaso efectivo. Que ‘unidos seamos mejores’. No olvidar que el político y funcionario ha de ser esclavo de la acción si quiere servir; esta es la oportunidad.