Entre febrero y julio de este año se han producido en el sistema penitenciario alrededor de 120 asesinatos, que en todos los casos son masacres entre bandas dominantes y que nos expresan la gravedad de la crisis actual. Este es un proceso histórico, de origen estructural y de naturaleza multidimensional; no se puede explicar o comprender a partir de una sola causa. Esta crisis expresa las agudas tensiones al interior del Estado, ya que compromete al poder Ejecutivo, con sus componentes sectoriales; a la administración de Justicia, con sus aparatos de Justicia Penal; a la insensibilidad del sistema político y a las presiones externas, caso del endurecimiento de la política antidrogas de EE. UU con sus coacciones a la región a través de las “certificaciones”; o a los vínculos con bandas locales tercerizadas por los cárteles globales.

Según la Constitución y Tratados Internacionales, el Estado debe garantizar las condiciones de vida y la integridad del detenido, así como su rehabilitación y reinserción social. Lo anterior nunca se ha cumplido por la histórica desinstitucionalización estatal existente que, a su vez, la transfiere al sistema penitenciario, cuya cotidianidad real se expresa entre la violencia y la corrupción; y, entre la sobrepoblación y el hacinamiento que facilitan la aparición y fortalecimiento de las bandas con sus enfrentamientos y conexiones, que afectan la seguridad y convivencia pacífica.

En el país nunca ha habido una política carcelaria, siempre se manejó discrecionalmente desde una dirección perteneciente al ministerio de Gobierno, aún en los escasos años que existió el ministerio de Justicia que se gestionó desde una subsecretaría. También se destaca la ausencia de una Política Criminal para impulsar a la Justicia Penal de forma eficaz e integral, en deuda desde el 2014 con la promulgación del COIP. Inclusive, el incumplimiento de disposiciones de este relacionado a componentes del sistema penal como la conformación del Organismo Técnico del Sistema de Rehabilitación Social o la creación del Centro de Formación y Capacitación Penitenciaria.

Se torna urgente una reforma creativa, integral e institucional del sistema carcelario nacional por la seguridad ciudadana y bienestar.