Cuando se plantea si es posible otra ciudad, no se propone hacerla de nuevo; esto no se puede aplicar a una urbe. Aquí se apunta es a rescatar su deber ser, su contenido deontológico, que permita vivir el derecho a la misma, sin discriminación y desigualdades como sucede hoy. Frente a la inoperancia e incapacidad de la saliente alcaldesa y la realidad de una localidad metropolitana como Guayaquil en total abandono, con obras inconclusas, calles plagadas de huecos y en oscuridad, etc., planteamos a la entrante administración municipal algunas prioridades para recuperar una aglomeración para disfrutar. Lo primero es la lucha contra la inseguridad, y concomitantemente siguen: la reinstitucionalización de la planificación urbana participativa, la movilidad, la institucionalidad de la metrópoli, el quinto puente, ampliar coberturas y calidades de los servicios públicos (AA. PP., alcantarillados, recolección de basura, electricidad y conectividad) e impulsar estrategias viables para enfrentar el fenómeno de El Niño y el cambio climático. Estas tareas deben priorizarse y concretarse durante la primera mitad del período, ya que por sus encadenamientos reducirán los impactos catastróficos de los riesgos mencionados. Los sondeos de opinión destacan, a nivel del país, tanto en las urbes como en las áreas rurales, el incremento de las percepciones de miedo e incertidumbre por los avances crecientes de la violencia social, del crimen organizado y delincuencia común a partir de 2019. Territorialmente, esta criminalidad fomentada por el narcotráfico se concentra, principalmente, en las siete provincias del litoral, Quito y Sucumbíos. Pero en la Zona 8, conformada por Guayaquil, Durán y Samborondón, se desborda. En la primera, en lo que va del año se han producido más de 900 muertes violentas con estados de emergencia decretados.

La criminalidad es multidimensional, a enfrentarse de manera integral, no solo por medidas represivas -como sucede ahora-; exige prevención, reinserción social a sentenciados, demanda nuevas cárceles con especialistas y programas, una policía civil comunitaria integrada, jueces de paz para resolver conflictos vecinales, inteligencia policial, entre otras medidas indispensables. (Continuará)