Perspectivas 2022

  Columnas

Perspectivas 2022

La mayoría de analistas coinciden señalando al año 2022 como complicado y conflictivo, por una serie de motivos que podemos resumir así: la dogmática voluntad de gobernar del presidente, el deterioro creciente de la situación del pueblo y las amenazas de protesta social de sectores sociales afectados. A lo que hay que agregar las restricciones del rebrote de COVID-19 en la nueva versión de ómicron y el contexto preelectoral.

Es inaceptable la estrategia de confrontación del presidente, con base en teorías conspirativas y con frases descalificadoras para ciertos líderes y organizaciones sociales, pues bloquea el diálogo político-social, peor autocalificándose como el Gobierno del encuentro. Es necesario que el Gobierno presente y negocie un plan nacional para la reactivación económica y productiva, donde el Estado juegue un rol protagónico en lo relacionado a inversiones, evitando quiebras y desempleos e impulsando medidas de urgencia, que no constan en el plan nacional de desarrollo Creando oportunidades. Todas estas ayudas y subsidios posteriormente serán recuperados por el Estado.

Celebramos el segundo gran acierto del régimen después del plan de vacunación: la democratización del crédito para los sectores sociales a través de Banecuador, lo cual debe conllevar a que nuevamente revise las tasas de intereses en una economía dolarizada, lo cual beneficia exclusivamente al sector bancario e impide un adecuado y necesario crecimiento económico.

Dentro de las prioridades del 2022 deben constar la atención al sector salud para combatir a la pandemia; sin salud no hay reactivación. Se debe constituir un verdadero sistema nacional de salud, dotado de todos los medios, que dé prelación a la medicina preventiva y nutrición. La otra urgencia es el IESS, que articula reactivación, salud y seguridad social. El Estado debe cancelarle todo lo que le adeuda y cumplir con la Constitución y la ley. La otra urgencia es la seguridad ciudadana, que se debe asentar en una nueva institucionalidad estatal que abarque la justicia, prisiones, policía nacional civil y derechos humanos, y planes locales de seguridad.