Entramos a la tercera semana de aislamiento con toque de queda por la emergencia sanitaria provocada por el nuevo coronavirus y su enfermedad el Covid-19, que a nivel mundial supera el millón de infectados y alrededor de 52 mil muertos. Mientras en nuestro país, aún con las tardías medidas tomadas, se expande de manera exponencial, convirtiendo a Guayaquil Metropolitano- GM (Guayaquil, Samborondón, Durán, Daule e, incluso Milagro) en el epicentro nacional de la pandemia, que tiene patrones culturales particulares y trastoca su cotidianidad. Podemos destacar las medidas acertadas, fallando -a nuestro criterio- en las complementarias funcionales para detener los contagios, o los determinantes sociales de la Salud Pública, como: la masificación de pruebas como forma de detección temprana y real; capacitar y organizar en la marcha a la población de los centros poblados, y perifoneo constante en la ruralidad; es indispensable trabajar a nivel comunitario, en especial en los suburbios; sancionar a los infractores con servicios a la comunidad, no con cárcel o multas, es un campo de acción de la Fuerza Conjunta-FC, no la peluquería avasallante o la gimnasia forzada; coordinar y diseñar tareas con GAD provinciales, cantonales y rurales, para evitar protagonismos absurdos como lo sucedido en Guayaquil, Santa Elena o Baños; mayores niveles de comunicación horizontal y efectiva entre las instancias territoriales del Estado, entre otras. Vivimos una catástrofe, no guerra, ni siquiera en término metafórico, donde aflora y se expresa la condición humana con sus notas de bajeza o sus acciones de grandeza. Urge la cohesión real entre Estado, sociedad y empresarios, sin cálculos económicos, mediáticos o políticos para reducir contagios e impulsar la consecución de medios terapéuticos y de bioseguridad. Evitar como prioridad, el colapso de los sistemas sanitarios y funerarios del país y de GM. Garantizar con la FC la seguridad alimentaria para todos y frenar la especulación, igualmente de medicamentos. Impedir en las unidades de salud pública violaciones a la bioética y COIP al negar a los ancianos atención de reanimación.