El alto número de delitos contra la vida y los bienes en esta coyuntura son consecuencia del entrecruzamiento de varios factores, estructurales y sistémicos, como la crisis económica, la recesión que se inició en 2015 y que se agudizó muchísimo más con la pandemia en 2020, cuando el PIB real cayó a -7,75 %, lo cual ha afectado a todo el sistema económico y social. Se han perdido más de 2,5 millones de empleos formales, la informalidad ha crecido de una manera realmente alarmante, el corrupto e ineficiente gobierno de Moreno aplicó de manera inicua más ajustes estructurales exigidos por el FMI, cuya directora-gerente en Davos pregonaba la necesidad de políticas económicas expansivas para enfrentar las crisis, pero nos exigía el pago de la deuda externa en momentos en que Guayaquil era epicentro de la emergencia sanitaria (hasta mayo 2020 hubo alrededor de 14 mil muertos); el exministro Martínez canceló $1.350 millones mientras no había insumos de bioseguridad y medicamentos en el subsistema público de salud para los afectados por la COVID. En este escenario nacional de empobrecimiento, desigualdades e inequidades se expresan, de manera persistente y creciente, las manifestaciones de violencia social y delincuencial. Debido también al incremento de la producción de drogas en Colombia, en nuestro país aumenta significativamente el “paratrabajo”, principalmente como salida laboral para los jóvenes. De allí la proliferación de bandas delincuenciales, algunas asociadas a cárteles globales, como también al microtráfico y al desarrollo de una serie de otros delitos conexos, lo que también ha consolidado una economía “oscura o subterránea”, que crece cada vez más y que legal y policialmente está intocada, pero que provoca homicidios agravados y proliferación de la corrupción pública y privada. La desinstitucionalización del Estado es la gran causante del agravamiento de la cuestión carcelaria en Ecuador. Aquí han fracasado todas las funciones, no es solo el Ejecutivo, también la Asamblea, el poder Judicial y el Consejo de Participación y Control Social. El Estado nacional debe enfrentar integralmente a la violencia social y a la delincuencia.