El presidente y su gobierno pierden, cada vez, más credibilidad y aprobación, al entrar al último año de gestión. Según EXPRESO, del 21 de septiembre, el 89,7 % de encuestados desaprueba su mandato y el 89,6 % no cree en su palabra, de acuerdo a un sondeo de Cedatos.

Igual sucede con los asambleístas, que engloban a la Asamblea Nacional, que descendió del 8,9 % en diciembre 2019 al 2 % este septiembre su credibilidad.

Si agregamos, el conflicto existente al interior del Consejo Nacional Electoral-CNE, entre una mayoría de 3 y una minoría de 2 miembros, más allá de sus identidades político-ideológicas y alianzas de los partidos políticos que representan; la bronca entre el mayoritario grupo femenino contra el presidente del CPCCS, por problemas de incumplimiento de funciones y el ilegal aprovechamiento de un carné de discapacitado, entre otros, podemos constatar que en las 5 funciones del Estado, según la Constitución de 2008, se presentan graves problemas y cuestionamientos ciudadanos en esta coyuntura político-electoral; que si le adicionamos las limitaciones y dificultades provocadas por la pandemia del coronavirus, para evitar la proliferación o el rebrote de contagiados y las complicaciones que plantea la reactivación económica conforman un escenario preocupante y plagado de incertidumbres, que coadyuvan al desprestigio de las elecciones, la política y debilitamiento de la democracia.

La creciente y sentida desinstitucionalización del Estado, aumentada por la incapacidad estatal para detener, sancionar y recuperar los fondos públicos sustraídos, particularmente durante el anterior gobierno y el actual, que agravan la crisis económica agudizada por la pandemia, lo que conlleva a la crisis fiscal con su secuela de despidos, informalidad y más desigualdad generalizadas en el país. Lo que hace que solo el 17 % de ecuatorianos considera que “el futuro del Ecuador mejorará”; y, cuya consecuencia es que el 71 %, a septiembre, no sabe por quién votará en las elecciones.