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Crimen, violencia y motines carcelarios

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Las cifras sobre hechos delictivos en el país y algunas provincias son realmente apabullantes, provocan incertidumbre y miedo con relación al presente y por ser guarismos dinámicos y cambiantes temporalmente generan perplejidades e inseguridades respecto al futuro. Esta situación se agravó más con la pandemia, la recesión mundial y los desarreglos de la globalización neoliberal a nivel universal. Y regionalmente por el fanático pragmatismo de la “guerra a las drogas” impuesta por EE. UU. y la miopía como Estado ante nuestros problemas estructurales. La violencia social y sus secuelas son un problema estructural pero también coyuntural, y se expresa de forma multidimensional, versátil e invasiva. Los principales datos a destacar son: entre enero y agosto 2021 se registran solo en la Zona 8 348 muertes violentas o sicariatos. En lo que va del año se han incautado 116 t de cocaína en el país; solo en Guayaquil se capturó un alijo de 9.5 t en un depósito de venta. En las cárceles ecuatorianas hay alrededor de 39 mil PPL, con un nivel de hacinamiento del 30 %. El 70 % de esta población se concentra en tres centros penitenciarios. En este año se asesinaron 90 PPL en ejecuciones entre megabandas criminales. Según Fernando Carrión, en Ecuador tienen presencia 17 cárteles globales. Y más de 1/3 de la cocaína que se produce en Colombia llega y se envía desde Ecuador hacia el exterior. Con estos alarmantes datos que expresan una forma de existencia social, que no deja de reproducirse cotidianamente con su ambivalencia de drama y pánico, Ecuador ha hecho parte históricamente de la narcoeconomía colombiana, como pieza importantísima incluso por su dolarización legal. De país de paso, es actualmente la superautopista para la movilización, distribución, almacenamiento, producción y blanqueo, de acuerdo a InSight Crime. Ahora, después de la paz colombiana y la actitud de un gobierno fallido como el de Iván Duque, se torna imperativo por parte de Ecuador la definición y ejecución de una política pública de Seguridad Ciudadana Integral, por más simpatías ideológicas correspondidas del actual régimen.