Columnas

Gaitán Villavicencio: ¡Basta ya!

Someter a la tutela estatal efectiva al sistema penitenciario nacional, para impulsar un nuevo modelo de gestión y reinserción

El Estado está sometido a crecientes niveles de violencia y ataques desmedidos de grupos delincuenciales organizados en ocho provincias y en Guayaquil y Quito, y de manera alarmante; y de forma episódica pero progresiva en el resto del país por la expansión del narcotráfico y de las actividades ilegales de la hidra criminal, o economía subterránea. Al fracaso de las acciones de la fuerza pública (PP.NN. y FF.AA.), incluso en estados de excepción, de forma recurrente, citamos los casos de Guayaquil, Durán y Esmeraldas por sus ínfimos resultados para desestimular las muertes violentas. Las estadísticas criminales muestran que los asesinatos agravados se duplican anualmente; seguramente en 2023 registremos una tasa de 40 muertos por cada 100 mil habitantes, que nos situará como uno de los países más violentos de la región. ¡Basta ya de tanta criminalidad y del miedo colectivo del pueblo!, necesitamos que el nuevo gobierno impulse estas medidas: una política pública de seguridad ciudadana integral, que movilice y comprometa a toda la sociedad ecuatoriana y aparatos del Estado, que nos permita recuperar la paz y una convivencia social solidaria. La declaratoria de guerra contra el crimen organizado y la delincuencia común es un enfrentamiento de largo plazo, que no puede tratarse como un estado de excepción; requiere un acuerdo constitucional y legal donde participen todos los poderes del Estado, incluso la Corte Constitucional. Depurar y reorganizar a la fuerza pública impulsando una serie de transformaciones internas (organizativas, formativas, técnicas), y priorizar presupuestariamente su equipamiento y entrenamiento permanente, y su bienestar personal y familiar. Acuerdo político e institucional democrático para reorganizar la Administración de Justicia e instituciones de control social para sancionar a autores de violencia y delitos, y a violadores de los derechos humanos. Someter a la tutela estatal efectiva al sistema penitenciario nacional, para impulsar un nuevo modelo de gestión y reinserción. Concertar un acuerdo nacional por el bienestar social integral del pueblo, priorizando a la niñez y juventud, para impulsar la cultura de la paz y de convivencia democrática.