Gastar es lo contrario de ahorrar, y malgastar es utilizar los recursos disponibles en forma ilegítima, improductiva y, cuando se trata de recursos ajenos, abusar de la confianza. Cuando se analiza el gasto público importan las respuestas que se den a las preguntas: ¿cuánto se gasta?, ¿en qué se lo gasta?, ¿con quién y cómo se lo financia? y ¿cuáles son los términos y condiciones del financiamiento? Las respuestas de este gobierno ante este interrogatorio son: gasto mucho más de lo que recibo y lo dedico a pagar intereses, redondear los pagos a la burocracia y en mi funcionamiento. Me financio cobrándole impuestos a la gente y tarifas de monopolio por los pobres servicios que presto. Me endeudo en condiciones onerosas que hacen imposible que lo pueda pagar.

Es la triste realidad que vivimos. Los mercados están cerrados para el país pues se espera que Ecuador entrará en cesación de pagos antes que Argentina. Por lo demás, cuando una economía está en caída libre, las políticas son de estímulo económico; acá lo hacemos al revés: subimos los impuestos que provocan la baja en las recaudaciones y anunciamos más deuda para ampliar la brecha de obligaciones y permitir que la burocracia no sufra el estrés que sienten quienes no dependen del Estado.

Correa y Moreno, genéticamente relacionados en esta materia, han abusado del crédito público. Entre Correa y Moreno han comprometido la oferta petrolera hasta 2024, en condiciones financieras onerosas. Moreno ha sido el más agresivo en la emisión de bonos, calificados hoy como papel basura. La legislación financiera es floja e ignora el buen manejo del crédito público. La única peregrina idea que se les ocurrió a los legisladores fue la de poner el límite del 40 % del PIB al endeudamiento (límite burlado por Correa y Moreno) cuando lo que importa en el manejo financiero es, precisamente, las respuestas que se tienen a las preguntas de inicio de este ensayo.

En ambos casos, la responsabilidad es compartida y el veredicto concluyente: los dos arruinaron el país.

El ministro ha perdido la confianza de los mercados. Se lleva los saldos de las empresas públicas ($ 280 millones en total) con lo que destruye la poca capacidad de gestión que estas tienen. Por su parte, el gobernante reconoce finalmente que el problema radica en el Estado disfuncional, caro e ineficiente que nos oprime. Con la populista cantaleta de que “los que más tienen, paguen” inventan una narrativa de inexistente solidaridad pues los únicos culpables de este desastre están plenamente identificados. Con la falta de entereza política que les caracteriza evitan desarmar el subsidio a los combustibles en el que se ha consumido la mayor parte de las rentas petroleras, en un momento cuando los ajustes serían menos dramáticos, y le pegan un palazo a los vehículos. Se inventan el “cuento chino” de la focalización que es impracticable. Martínez, finalmente, se aventura a proponer más deuda, que piensa contratar en secreto, lo que hace sospechar que se trata de otro negocio contrario a los intereses nacionales.

¿Es la culpa de todo esto del Covid-19? O ¿es más bien que sufrimos una pandemia de mala práctica de gobierno? Que los ecuatorianos decidan.