La clarividencia de Mariana de Jesús es, a diferencia de los enrevesados mensajes de Nostradamus, precisa y sin ambigüedades interpretativas.

Con la distancia de cuatro siglos, y luego del devastador terremoto de 1624, ella profetizó que “el Ecuador no será destruido por desastres naturales, sino por los malos gobiernos”. Su mensaje es obvio y de aplicación en estos días.

La proliferación de ideas absurdas es alarmante, y su espectro, de alucinante amplitud. Algunos asambleístas, que han revelado no haber llegado a la Legislatura por su brillantez, proponen que el Banco Central financie al Gobierno, y, de paso, les pague sus sueldos y canonjías ($4.500 y $15.000 mensuales respectivamente). Se acuerdan nostálgicamente de los tiempos en los que el Sr. Correa desvalijó al BCE llevándose $9.000 millones que hasta la fecha no han sido devueltos y cuya falta ha causado nuestra iliquidez presente.

La incorrectamente llamada Reserva Monetaria Internacional de Libre Disposición (RMLD), por si lo han olvidado, no es otra cosa que los depósitos de los infortunados que deben usar los servicios de una entidad, el BCE, que está técnicamente quebrada.

¿Qué crédito puede otorgar un banco que no cubre los depósitos del encaje bancario? A falta de esos recursos se propone que los depósitos de los bancos en el exterior -que son de la gente- deben pasar a un fideicomiso para otorgar créditos ¡con la garantía del Gobierno nacional! La propuesta demanda un acto incomprensible de fe en quienes quebraron a la República; es una idea que, en el evento que fuese ejecutada, puede trasladar el virus del desfalco fiscal al sistema financiero, arrasando con lo que queda.

Hay quienes creen en la sabiduría de dirigir el crédito y bajar las tasas de interés por decreto; al hacerlo reinciden en la práctica de la represión financiera que origina los mercados financieros fragmentados y la irracional estructura de las tasas de interés.

Finalmente están las propuestas impositivas del Gobierno.

El causante del desastre nacional pretende tener su mesa puesta mientras desvalija a los contribuyentes que temen ser los sujetos pasivos de los novedosos impuestos a las pérdidas y al empleo. Si de política tributaria se trata, el Gobierno debería desarrollar un modelo dinámico de previsiones de quienes, por sectores de actividad, serán los que resulten ganadores en el desastre y, realizadas que sean las ganancias, imponer cargas específicas.

Debería preocuparse de controlar el gasto público insustentable, eliminar la distorsión de los combustibles, y reestructurar y activar el crédito público para conseguir recursos a la brevedad posible de los multilaterales y bilaterales. El capital financiero que nosotros no tenemos sobra en el mundo.

Lo que no se puede perder de vista es que la obligación principal del Estado, incumplida por márgenes escandalosos, es preservar el bienestar de sus ciudadanos y defender la vida. Lo que ocurre en la pandemia es el producto de la imprevisión, la ineptitud centralista y la corrupción.

El objetivo del bienestar requiere de inteligencia estratégica, no de ideas irrealizables o torcidas, rechazadas como mala práctica política por la Azucena de Quito desde aquel entonces.