Columnas

¿Quién paga la cuenta?

Lo que vaya a ocurrir en la economía toda es otro cantar. Asumir que no se va a afectar el empleo es para quienes no creen en la oferta y la demanda, o piensan que esta, la demanda, es tan “inelástica” que nada la alterará a cualquier precio

En Economía, más que en cualquier otra instancia disciplinaria o de la vida real, no existe almuerzo gratis, incluso para los invitados. Esa circunstancia de todos pagar nace, a su vez, del concepto de costo de oportunidad pues, teóricamente, quienes asisten al almuerzo siempre tienen la alternativa de ocupar su tiempo en algo diferente, digamos, remunerativo.

En el entreverado juego de la política económica ecuatoriana, hay quienes pagan y quienes (aparentemente) reciben. Los impuestos, por ejemplo, los pagan cuatro de cada cien ecuatorianos (los “afortunados” según la concepción del ministro); son también quienes pagan el incremento salarial que beneficia a tres de cada cien trabajadores clasificados en la mal denominada población económicamente activa (PEA), concepto descriptivo que, como tal, esconde más información que lo que revela. Hay beneficiarios claramente identificados: son los tenedores de bonos y acreedores, nacionales y extranjeros, quienes, por su confianza en el país, son premiados al ofrecérseles pagar $ 36.000 millones en capital e intereses en los próximos cuatro años. Hay que mantenerlos satisfechos pues, como también lo anunció el gobierno, irá por $ 2.000 millones más al arrancar el nuevo año. Esperemos que las cotizaciones de los bonos a emitir, por la buena conducta demostrada, sean, por lo menos, ¡comparables a las que obtiene el gobierno de Bolivia!

Lo que vaya a ocurrir en la economía toda es otro cantar. Asumir que no se va a afectar el empleo es para quienes no creen en la oferta y la demanda, o piensan que esta, la demanda, es tan “inelástica” que nada la alterará a cualquier precio. Una lección a recordar es que cualquier productor u ofertante, no se diga el Estado con su capacidad de normar la vida de la gente, puede ponerle el precio que le dé la gana a un producto (en este caso el trabajo), pero ni el soberano Estado puede controlar cuánta gente podrá ser empleada a ese precio, no se diga cuando hay más de dos candidatos a trabajar, por menos remuneración.

Es el conflicto que existe entre los “derechos” inamovibles, irrenunciables, intangibles, y, añado, impracticables, y la Economía que, en todo tiempo y lugar, y, a todos, sean de derecha o izquierda, les pasa la cuenta. Desde el momento en que los empleadores hagan sus sumas y restas, se hallarán con resultados escritos en tinta roja, situaciones que lograrían superar solamente si hubiese incrementos en productividad; lamentablemente, tales conceptos no existen en el mundo imaginario de los derechos y de la corrección política.

Un tema adicional es que los eventos económicos, como los de cáncer, tienen la mala costumbre de no quedarse encapsulados sino de metastatizarse. Los que pagan la cuenta la cobran, sea congelando el empleo, reduciendo la nómina, o simplemente, posponiendo las inversiones. También tienen la opción de trasladar los incrementos a los precios en la expectativa de que la “elasticidad” de la demanda los favorezca. El resultado es presión inflacionaria sin crecimiento y más desempleo. La inflación, podemos afirmar, afectará a los peatones y vendedores ambulantes que pasaron por el restaurante al tiempo del memorable almuerzo.

¡Se nos perdió la brújula y no hallamos el rumbo aún!