Dos meses atrás traté sobre el tema del “mar estratégico” sin que haya habido resonancia alguna pues, a menos que las apariencias engañen, el tema referido continúa siendo ignorado por los protagonistas: Moreno y Martínez. Está en juego la ampliación de la plataforma marina hasta las 350 millas, lo que significaría la incorporación de alrededor de 260.000 kilómetros cuadrados a la frontera económica del país como consecuencia de su adhesión a la Convemar. No repetiré argumentos ya expuestos acerca del potencial que el mar subyacente contiene y que puede pasar a constituir parte de nuestro patrimonio si el gobierno cumple con su deber de dar la prelación debida al tema.

Son dos años de trajinar, hasta el momento infructuosos, por parte de la Armada y del Ministerio de Defensa. Diversos actores le han hecho conocer al ministro de Finanzas y al propio presidente lo que la adquisición de un buque oceanográfico con capacidad para navegar en aguas polares significa, obteniendo respuestas torpes como que este es un tema que debe incorporarse a la inexistente órbita de las alianzas público-privadas. Olvidan los gobernantes que, si alguna razón es válida para justificar la existencia de un Estado, esta es precisamente la de salvaguardar la integridad de los bienes públicos y no la de demostrar indiferencia ante tales requerimientos.

En el mes de enero el Gobierno gastó casi $2.000 millones (¡$160 millones más que en el mismo período del año pasado!). Fueron $650 millones expendidos en burocracia, $571 millones en bienes y servicios, y $584 millones entre egresos financieros y amortización de la deuda pública. Cito estas cifras porque la adquisición de un buque oceanográfico de última tecnología, que haría posible el reclamo de la zona referida luego de hacer los estudios que demuestren la continuidad geológica entre la masa continental ecuatoriana y Galápagos, es de $70 millones y cuenta con ofertas de financiamiento de gobierno a gobierno en condiciones blandas. El buque hará posible el conocimiento de la riqueza submarina y de la superficie oceánica; estudiar los efectos del cambio climático; defender el área de exclusividad; justificar la continuidad de la presencia del Ecuador en la Antártida; y prestar servicios invalorables a la navegación y a la flota pesquera. Es, en efecto, el instrumento requerido para ejercer la soberanía marítima.

Si el programa con el FMI coarta el ejercicio eficaz del crédito público, este debe ser revisado pues no puede ser anatema del progreso. Es más censurable aún la actitud de un ministerio con vocación de fracaso y carente de visión para tomar decisiones de importancia estratégica e innegable rentabilidad económica y social para los ecuatorianos. El plazo vence en 2022 y, considerando que la construcción del buque toma un par de años, el tiempo se queda corto. Es otro episodio de satrapía de la Cuenta Única que le arrebató las rentas al Inocar; si el Ecuador pierde la oportunidad de ampliar su plataforma y debe dejar de lado la exploración marítima, los culpables de tal afrenta quedarán marcados frente a la historia, más que por su incompetencia, por su negligencia culposa en el cumplimiento de las causas del país.