Delito de Estado

Carlos (Charlie) Pareja Cordero y Carolina (Lorena) Astudillo son víctimas de un Estado que, a través de las instituciones de su gobierno moralmente quebrado, construyó una historia de lavado de activos que jamás existió y forjó evidencias con documentos falsificados para crear transacciones ficticias. Para consumar el delito, ordenó a la UAFE que provea la información forjada a la Fiscalía para inducirla al error.

Es un escenario de miseria humana. Conozco a Carlos Pareja Cordero desde hace más de cuatro décadas. Es, en el sentido propio de la expresión, “un señor”: inteligente y conocedor del derecho, ético en su actuar y amigo leal. Carolina no es un mero nombre; es una señora trabajadora, de rostro y voz suaves, ajena a cualquier asomo de pretensión, y, a diferencia de los malandros que la persiguieron y le han arruinado su vida, impecablemente honesta. Está, lamentablemente, aquejada por el cáncer.

Debemos retroceder a los tiempos de las persecuciones inquisitoriales o la tiranía de los dictadores para hallar paralelos de abuso. Carolina fue sentenciada por una corte espuria, luego de maniobras que constituyeron groseras violaciones del debido proceso. Es la víctima propiciatoria de una conspiración armada en Carondelet para forzarla a que denuncie a su jefe, el Dr. Pareja. Ella, en una muestra ejemplar de lealtad e integridad, prefirió ir a la cárcel antes que mentir y acusar en falso a un inocente.

El caso de Charlie es igualmente patético. Iniciada la persecución el día de Navidad en 2016, debió buscar refugio en Lima, adonde fue buscado por el dictador y sus huestes de matones. Él y su joven hijo fueron sometidos a un brutal asalto físico que ha requerido varias operaciones de reconstrucción de su brazo derecho. Dentro de este tráfago inició su defensa, denunciando el delito cometido por el gobernante al violar la jurisdicción americana. Lo hizo ante el FBI, el Departamento de Justicia, y la Corte Federal en Florida. Carlos Pareja debió presentar todas las pruebas y “descubrir” sus estados financieros para probar que no había incurrido en ningún lavado de activos; que el agente del gobierno, acusado en la demanda, había forjado las evidencias; que, en definitiva, es un ciudadano honrado, cumplidor de la ley, padre de familia y abuelo. Fueron tan contundentes sus argumentos que, luego de todos los interrogatorios y la presentación de pruebas, la Corte expidió una sentencia que no admite dudas. En palabras del juez, Carlos Pareja Cordero fue acusado por un delito que nunca existió (y Carolina es inocente de cualquier cargo), condenando al falsificador al pago de una multa de $ 100.000 que, el magistrado admite, está lejos de reparar el daño material y moral causado.

Pero el caso no concluye. En un alarde de estulticia jurídica, los jueces de la Corte Nacional aceptaron el recurso de casación de la causa de Carolina bajo el descastado argumento jurídico de falta de motivación suficiente (una formalidad procesal) en la sentencia absolutoria dictada previamente (por inocencia comprobada de la acusada), anulando la misma y volviendo el proceso, prácticamente, a fojas cero. Le corresponde ahora a la Fiscalía retirar los cargos y hacer justicia.