Las cifras de 2020 son tan malas o peores que las de 1999, con la diferencia de la dolarización. Si no la tuviéramos seríamos millonarios en moneda falsa (el SMV era un millón de sucres) pero pobres y empobreciéndonos (el millón equivalía a $ 38). Hoy como entonces el país sufría de bajo precio del petróleo; de un déficit fiscal real (previo a cualquier ornamentación contable) que, al igual que hoy, superaba el 10 % del PIB y una deuda pública que era impagable. En ese entonces se daban los anuncios semanales de los bancos que serían cerrados, hoy son las cifras diarias de los nuevos infectados con el corona virus.

¡Los que ignoran la historia están condenados a cometer los mismos errores! Valga la pena parafrasear la sentencia de Santayana.

En 1999, en medio del desastre, Ecuador se convirtió en exportador de capitales, hoy lo es también. El FMI empujaba a un ajuste que no se podía dar; hoy, no obstante haber cambiado sus actitudes, se sigue insistiendo en un equilibrio fiscal inalcanzable cuando el crecimiento es negativo, y, que si lo fuere, sería un sacrificio inútil. El Gobierno y un grupo de colegas, entretanto, proponen, entre otras medidas, subir el IVA del 12 % al 15 %; hacer lo propio con los aranceles y asestar un golpe mortal al comercio, principal actividad guayaquileña y sustento del SRI, para transferir esos recursos a los exportadores del resto del país; bajar el sueldo a los burócratas en 20 %, iniciativa que no prosperaría en la forma planteada; adoptar una política de mercado para el consumo de los combustibles, que sí se debe hacer en la forma propuesta pero que el Gobierno, timorato como es, prefiere hacerlo por la vía de subir los impuestos a los vehículos que ya tienen cargas del 125 % de aranceles e impuestos; finalmente, quitar los fondos operativos de las EP con lo cual se comprueba una vez más la inviabilidad del modelo vigente de organización productiva del Estado.

El ministro de Finanzas insiste en endeudar al país en $ 2.000 millones, presumimos que con China y respaldado por petróleo. Es un parche infectado pues de ninguna manera resuelve el problema terminal de la deuda pública llevada a extremos y a costos abusivos, y abulta el problema del manejo financiero del Estado a futuro. En estas circunstancias, cuando se desvanecen (esperamos de momento) los ingresos petroleros, y las necesidades de atención de la salud pública y la defensa de la producción son de apremio, proponer pagar intereses en un mercado que no se abrirá, es demencial. Se trata de circunstancias que, como las de 1987 y 1999, nos llevan hacia la realización de que la ruta de la prosperidad marcada por el ministro Martínez terminó en un callejón sin salida. El país, y lo distingo de un gobierno huérfano de apoyo político, requiere contar con una política de Estado en materia de crédito público, con negociadores idóneos y no improvisados, y un Ministerio de Economía que no sea el síndico del desastre económico y causante de la descomposición social de la nación.

Es el final del camino. Es paradójico reconocer que debió ser un enemigo invisible el que clave el último clavo del ataúd de la irresponsabilidad fiscal.