La Proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) de 2020, consolidado por entidades y rubros es el retrato de Leviatán. Los números pueden variar, pero los cambios no afectan las conclusiones del análisis respecto de la organización superior del Estado federal. La disección del centralismo considera (i) las instituciones que deben desaparecer, (ii) las competencias del gobierno central, (iii) las tareas que deben ser coordinadas entre el centro y los niveles locales, (iv) las competencias locales exclusivas, y (v) los rubros que merecen tratamiento diferenciado como el crédito público y los combustibles. 

El PGE fue aprobado por $ 35.499 millones, con un total de 169 entidades agrupadas en macrocuentas. No es, como lo propone el Gobierno, solo una decena de instituciones que debe desaparecer, sino una cincuentena, con nombres como Centro de Inteligencia Estratégica, Unidad del Registro Social, Consejo para la Igualdad Intergeneracional y Servicio de Acreditación. Son el producto de la fiebre correísta y cuestan casi $ 500 millones. 

En el Estado Federal, el poder central puede ser administrado, haciendo acopio de tecnología de punta, con un presupuesto de $ 5.000 millones. Las competencias privativas del gobierno nacional serían las que constan en 13 denominaciones contables del PGE, incluyendo las instituciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, incluyendo los ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores; los demás ministerios deberán ser redimensionados hacia abajo para servir como instancias de coordinación con los gobiernos locales. Finalmente, los entes de regulación y control, la Contraloría y las Superintendencias recibirían los recursos que por ley les corresponden sin que sean apropiados por la Cuenta Única. 

Hay 77 competencias que serían ejecutadas por los gobiernos de las unidades federales en coordinación entre sí y con el gobierno nacional, y 33 de competencia exclusiva local. Un ejemplo de institución coordinada es la Policía, fuerza que debe ser descentralizada, estructurando un ente central (tipo FBI o Scotland Yard) que atienda los temas y la recaudación de inteligencia para combatir delitos contra la seguridad nacional, como el narcotráfico, el terrorismo, la trata de personas y los crímenes mayores y de proyección nacional. 

En el régimen federado, usando las cifras del PGE, los gobiernos locales asumirían gastos por $ 14.341 millones (excluyendo, para evitar el doble registro, las transferencias actuales). La deuda pública y los combustibles son excluidos del cálculo por dos razones: (i) porque el crédito público debe ser distribuido entre las unidades territoriales que se benefician del mismo, aprovisionando las amortizaciones de los pasivos vía fideicomisos y retenciones automáticas con el fin de evitar el libertinaje financiero, y (ii) porque los combustibles salen del registro gubernamental excepto, de ser requerido, como una cuenta de orden que no causa efecto en los estados financieros.

Hay fórmulas de gobierno y organización idóneas y ágiles que, reemplazando la estructura actual, potenciarán el desarrollo nacional. Los beneficiados seremos los ecuatorianos.