El Presupuesto General del Estado (PGE) es el instrumento de gobierno económico del centralismo y, como lo veremos, es también el fiel reflejo del caos fiscal en el que se debate el Estado ecuatoriano.

De acuerdo a las normas que rigen su elaboración, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está obligado a observar los principios de contabilidad gubernamental que exigen que los ingresos y gastos sean calculados con atención a las mejores prácticas de las finanzas públicas. De la misma forma como el SRI y las superintendencias demandan que quienes están obligados a llevar contabilidad observen los reglamentos y doctrinas expedidas para el efecto, los ecuatorianos esperamos que el Gobierno haga lo propio para ordenar la economía.

Mas no es así.

Mi colega, el Ec. Jaime Carrera, efectuó un análisis, que yo luego amplié, de los últimos cinco PGE (proformas y ejecución), en sendos trabajos que demostraron falencias inaceptables y falta de idoneidad contable.

Las fallas más notorias incluyen la utilización del precio del petróleo como variable de control para hacer que las cuentas cuadren; el registro de rubros que, siendo de financiamiento se les da el tratamiento de ingresos; la clasificación de gastos corrientes como de capital; la utilización masiva de ingresos de capital para el financiamiento del gasto corriente; y el financiamiento de proyectos con recursos de la mal llamada reserva monetaria (que no es reserva ni es del Banco Central). Si a estos actos de barbarie contable se les añade la “realización” de ingresos por venta de activos que nunca fueron considerados como bienes transables del Estado, se completa el cuadro de irresponsabilidad fiscal.

El Presupuesto se constituye así en la bitácora de la mala práctica económica que ha caracterizado a los dos últimos gobiernos. Los efectos de estas distorsiones tienen incidencia directa sobre la economía entera. Cuando, por ejemplo, se clasifica como gasto de capital lo que no es, se sobreestima el potencial de crecimiento y se distorsiona la distribución de la renta nacional. El abuso de la variable del precio del petróleo permite presentar cuentas equilibradas que, en la práctica, arrojan déficit permanentes y crecientes.

En el quinquenio 2016-2020 observado, estas distorsiones fueron de tal magnitud que, una vez despojadas de los maquillajes contables del crédito público, revelaron brechas de recursos superiores a los $ 10.000 millones anuales, produciendo un déficit acumulado (luego del financiamiento externo e interno) de $ 28.000 millones. Dicho de otra forma, en cinco presupuestos (2016-2020), los déficit incurridos fueron de un tamaño similar a uno de los presupuestos.

La política fiscal, que es el único instrumento de política macroeconómica disponible para el Gobierno, demanda disciplina y entendimiento cabal de la materia. En vez de ello, lo que se tiene es un Estado centralizado que se acostumbró a vivir con dinero ajeno.

El elenco compuesto por un Ministerio que fundamenta su política en documentos inservibles, un Ejecutivo que nada entiende del tema y un Legislativo dispuesto a aprobar lo que se le presente por delante, resulta ser el verdadero enemigo de la dolarización.