¿Cuál es el precio de la gobernabilidad torcida? ¿Es acaso la prostitución de un gobierno que entrega parcelas de influencia y negocios con las instituciones del Estado, y alimenta la cultura del robo y la corrupción que asolan a la nación?

Recuerdo a un presidente del Congreso, allá por 1982, quién llegó al puesto aportando un bloque de diputados a cambio de llevarse en peso a las aduanas: escuela de corruptos de la época.

Cuatro décadas han transcurrido y esta vez son los denominados “carteles de la salud” los que han hecho pacto con el Gobierno para amarrar los votos en la Asamblea, aprobar leyes mal concebidas, y proteger a los obsecuentes sirvientes del poder, a cambio de los negocios de los hospitales.

Son ubicuos, están en todas partes y conforman la prole de hijos putativos de la degeneración moral del país. El resultado no es la gobernabilidad que causa el progreso social y económico; por el contrario, es la impudicia de los maleantes que ostentan su dinero mal habido. Es la sinvergüencería elevada a política de Estado.

Las organizaciones delictivas están debidamente estructuradas. Pueden ser familias (tíos, cónyuges, entenados y amantes), compañeros de ruta, o “parceros” que colocan de administradores a sus lugartenientes y se apoderan de las compras médicas con las que, literalmente, esquilman a las instituciones. El botín de la salud está bien escogido. Entre el Ministerio de Salud y el IESS el gasto global supera los $ 5.000 millones y una parte substantiva de ello es la adquisición de fármacos, equipamiento e instrumentos que deben ser mantenidos en inventario permanente.

Una ventaja adicional es que cada hospital, e incluso los dispensarios, son unidades de negocio con sus propios presupuestos dentro de una organización ministerial y del IESS, que son vectores de la corrupción que caracteriza al modelo centralista de organización del Estado ecuatoriano.

¡Los hospitales no se entregan a sí mismos!, hago mía la frase de otros colegas. En una danza macabra de intereses bastardos que produce rabos de paja en forma exponencial, el Gobierno deviene en alcahuete y partícipe de la corrupción.

La ministra de Gobierno es percibida como la reina de un tablero de reparto de troncha, negociados que son singularmente prósperos en el colapso económico. Las otras piezas del tablero son la escoria que ha ingresado a la vida pública del país para injuriar a la sociedad con su mera presencia. Son aquellos que trafican con la miseria, se roban la comida de los desamparados, construyen fortunas con compras falsas, escandalosos sobreprecios y pasean su lujuria por aire, mar y tierra.

Sí, señora ministra, usted le debe explicaciones al país pues todo esto no nace por generación espontánea; se ha conformado una organización delictiva con quienes el gobernante se toma fotos sonriente, congraciado con una clase que no es empresarial sino de rateros.

La inseguridad mayor la padecen los pobres y los desamparados, que son asaltados por quienes fungen de autoridad.

Tenemos, hay que repetir, un gobierno corrupto que ha reducido al Estado ecuatoriano a la condición de fallido: motivo de vergüenza y agravio para la nación ecuatoriana.